Buenos Aires
DPA
La líder de la organización de derechos humanos argentina Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, fue eximida hoy de ir a prisión tras aceptar prestar declaración indagatoria en los próximos días en la causa en la que está imputada por supuesto desvío de fondos en la construcción de viviendas sociales.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi levantó la orden de arresto que pesaba desde el jueves sobre la histórica activista de derechos humanos tras haber sido declarada en rebeldía por ausentarse por segunda vez en una citación judicial.
«Celebro la presentación y la muestra de racionalidad por haberse sometido al proceso», señaló De Giorgi, quien aceptó el pedido de eximición de prisión que presentaron hoy abogados de Bonafini para atenuar la tensión política por la posible detención de la dirigente de 87 años.
El magistrado le tomaría declaración en la sede de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo en los próximos días.
El presidente argentino, Mauricio Macri, declaró en Brasil al diario «Clarín» que «lo importante es que la señora Bonafini declare ante la Justicia porque somos todos iguales ante la ley».
El magistrado había advertido hoy que la orden de captura y la prohibición de salida del país estaban vigentes, por lo que la detención de Bonafini podía tener lugar «en el momento oportuno».
El magistrado libró el jueves una orden de captura contra Bonafini después de que se negara por segunda vez a asistir a una declaración indagatoria en el marco de una causa que investiga presuntos desvíos de millonarios fondos del Estado para la construcción de viviendas sociales por parte de la fundación Sueños Compartidos dependiente de su organización.
La histórica líder de las Madres de Plaza de Mayo, que buscan a sus hijos desaparecidos durante la última dictadura militar (1976-1983), se negó a acudir a la Justicia y en pocos minutos fue rodeada por una espontánea manifestación de militantes políticos y de derechos humanos y ex funcionarios del Gobierno de la peronista Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015) ante la llegada de fuerzas de seguridad para efectivizar su detención.
En un desafío a la orden judicial, Bonafini pasó la noche en su departamento, ubicado junto a la sede de las Madres de Plaza de Mayo en el barrio de Congreso de Buenos Aires, a la que acudió esta mañana. Por la tarde partió rumbo a la ciudad de Mar del Plata, unos 400 kilómetros al sur de la capital argentina.
El juez informó que la detención no tuvo lugar el jueves porque prefirió «garantizar que no hubiera riesgos para las personas» que acudieron al lugar donde estaba Bonafini para evitar su arresto.
La activista de derechos humanos hizo la tradicional ronda alrededor de la pirámide de la Plaza de Mayo, como cada jueves desde que comenzó en 1977 su reclamo por sus dos hijos desaparecidos por la dictadura militar, y luego encabezó un acto en el que responsabilizó a Macri, del partido de centroderecha PRO, por la ofensiva judicial.
«Macri, pará la mano (detente)», urgió el jueves Bonafini al asegurar que no se presentaría ante la Justicia. La dirigente volvió a insistir esta mañana en que no acudiría a la cita, pero ante la expansión de la polémica luego cambió de decisión.
Varios dirigentes de organismos de derechos humanos y referentes sociales tomaron distancia de su rebeldía ante la Justicia.
El Premio Nobel de la Paz argentino Adolfo Pérez Esquivel consideró que «no puede apoyar bajo ningún punto de vista cualquier tipo de corrupción provenga de quien provenga». «Ante la ley somos todos iguales», señaló el activista de derechos humanos, quien señaló que lo sucedido con Bonafini «es muy doloroso».
El magistrado desestimó en tanto las críticas por su orden de detención contra la emblemática defensora de los derechos humanos, cercana al kirchnerismo y que endureció su discurso en los últimos años.
«La gente que estaba ayer (jueves) en el entorno de Hebe de Bonafini es la misma gente que la impulsó a manejar la obra pública y es la misma gente que ahora está cuestionando por qué no fuimos al domicilio de ella a tomarle declaración y no hizo nada en este mes, nadie concurrió al juzgado para pedirme que fuera al domicilio de ella, ni presentaron certificados médicos», argumentó.
Martínez de Giorgi subrayó en ese sentido que «las mismas personas que cuestionan la orden de captura son las mismas que no hicieron nada antes para evitar esta situación».
«No recuerdo en mis casi diez años como juez una situación similar donde se haya dado un hecho político por una captura. No recuerdo semejante acción de protección, poner personas por delante para que se sucedieran hechos de violencia», agregó.
Bonafini está imputada en la causa en la que los principales acusados son los hermanos Sergio y Pablo Schoklender, quienes fueron apoderados de la fundación Sueños Compartidos de las Madres de Plaza de Mayo y habrían abusado de la confianza que les tenía la dirigente.
Los Schoklender son investigados por el supuesto desvío de al menos unos 206 millones de pesos (más de 40 millones de dólares cuando se inició la causa en 2012, unos 13 millones de dólares a la cotización actual) de los más de 760 millones entregados por el Estado para la construcción de viviendas para sectores humildes.
Más de 40 personas fueron citadas a declarar en la causa, entre ellas varios ex altos funcionarios del Gobierno de Fernández de Ki
