TEGUCIGALPA, Honduras
AP
El presidente hondureño Juan Orlando Hernández calificó de «histórica» la decisión de la OEA de instalar una misión internacional para combatir la creciente corrupción e impunidad en Honduras, mientras la oposición advirtió que la crisis continuará si el gobierno impone su agenda al grupo investigador.
La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), que a partir de febrero abrirá sus oficinas en Tegucigalpa por cuatro años, está integrada por investigadores, jueces y fiscales de Honduras y el extranjero, y no tiene un carácter intervencionista.
El presidente hondureño acordó la creación de la Maccih en Washington con el secretario general de la OEA, Luis Almagro.
Almagro dijo que la Maccih como «la primera» de la OEA para combatir la corrupción en un Estado miembro, aunque advirtió que en ese tipo de iniciativas «no hay gratificación instantánea».
La misión, con un presupuesto de 32 millones de dólares, estará integrada por fiscales, jueces y expertos internacionales que seleccionarán a un grupo de profesionales hondureños para investigar casos relevantes y perseguir las redes de corrupción.
No todos apoyan la misión de la OEA, dijo a la Associated Press Ariel Varela, líder de la Oposición Indignada, movimiento popular que surgió en mayo pasado tras un millonario saqueo en el sistema de seguridad social del Estado. El movimiento exigió a cambio la creación de una Comisión de las Naciones Unidas contra la Impunidad y la Corrupción (CICIH).
Varela sostuvo que la Oposición Indignada confía más en una entidad dirigida por las Naciones Unidas, como la Comisión Internación Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
«Esa institución logró lo imposible en Guatemala y por eso no creemos que la Maccih haga lo mismo en Honduras», subrayó. «Sin embargo, solo con la participación del pueblo podremos erradicar los flagelos que agobian al país».
La Cicih, impulsada por Los Indignados, se formaría solo con personal calificado internacional y totalmente independiente de Hernández para enviar los corruptos a la cárcel.
La oposición cree que la Maccih debe comenzar por aclarar el desfalco por más de 300 millones de dólares en el Instituto de Seguridad Social, considerado uno de los mayores escándalos de corrupción que ha sacudido al país.
El caso involucra a empresarios, políticos e incluso al propio presidente, quien reconoció que en su campaña electoral en 2013 recibió dinero procedente del desfalco.
