SAN SALVADOR, El Salvador
AP
La Corte Suprema de Justicia de El Salvador declaró ayer que las pandillas y quienes las apoyen o financien son grupos terroristas, por atentar contra la vida, seguridad e integridad de la población y de las autoridades civiles y militares.
En su sentencia, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema, resolvió cuatro demandas de inconstitucionalidad contra la Ley Especial Contra Actos de Terrorismo, y en ella rechazaron 23 planteamientos.
En la sentencia suscrita por los cinco magistrados de la Sala, se concluye que «son terroristas las pandillas denominadas Mara Salvatrucha o MS-13 y la pandilla 18 o mara 18, y cualquier otra pandilla u organización criminales que busque arrogarse el ejercicio de las potestades pertenecientes al ámbito de la soberanía del Estado».
Agrega que los jefes de las pandillas, miembros, colaboradores, apologistas y financistas, quedan comprendidos dentro del concepto de «terroristas» en sus diferentes grupos y formas, independientemente de que tales grupos armados u organizaciones delictivas tengan fines políticos, criminales, económicos (extorsiones), lavado de dinero, narcotráfico o de otra índole.
En su sentencia, la Sala también define lo que debe de entenderse por «terrorismo», y señala que este puede ser interpretado conforme al marco de valores y principios contemplados en la Constitución y el derecho internacional, según los cuales el terrorismo constituye el ejercicio organizado y sistemático de la violencia.
La Sala consideró que es un hecho notorio que las pandillas realizan atentados sistemáticos a la vida, seguridad e integridad personal de la población, incluidos contra las autoridades civiles, militares, policiales y penitenciarias, contra la propiedad., mediante la ejecución de delitos de extorsión a personas naturales o jurídicas
También cometen vulneraciones al derecho de todo ciudadano de residir en cualquier lugar del territorio, obligándoles a abandonar sus residencias mediante amenazas, en contra del derecho a la educación, puesto que se obliga a la deserción estudiantil, debido al temor de ser víctimas de estos grupos criminales.
En las últimas semanas las pandillas han arreciado sus ataques contra las autoridades y el transporte público para presionar al gobierno a sentarse a negociar una nueva tregua como la pactada en marzo de 2012.
Pero el gobierno ha cerrado toda posibilidad de negociar con las pandillas y en respuesta envió a sus cabecillas a una cárcel de máxima seguridad donde han perdido todos los beneficios penitenciarios.
Según las autoridades, las pandillas están involucradas en la mayoría de los crímenes que se cometen en el país. Al menos el 60% de los homicidios se atribuyen a estas estructuras criminales.
En El Salvador, las pandillas establecidas en populosos barrios y comunidades están integradas por más de 70 mil jóvenes y adultos. Más de 13 mil están presos.
Estados Unidos declaró a la Mara Salvatrucha una organización criminal transnacional y el Departamento del Tesoro de ese país anunció sanciones económicas contra seis miembros o colaboradores de ese grupo.
