Por AMY TAXIN y LUIS ALONSO LUGO
HUNTINGTON BEACH, California. Agencia AP
El término «Ciudad Santuario» se ha vuelto un grito de guerra para los republicanos conservadores que buscan que las leyes de inmigración de Estados Unidos sean más severas. Etiquetan a esas ciudades y condados como refugios para quienes residen ilegalmente en el país, protegidos por las autoridades de inmigración.
La realidad detrás de estas ciudades es variada. Aunque algunas de esas autoridades locales buscan activamente esquivar las políticas federales de inmigración, otras se niegan a hacerlas cumplir no por alguna obligación moral hacia los inmigrantes sino porque simplemente tienen miedo a ser demandadas.
El debate sobre cómo debe lidiar el gobierno federal con las autoridades locales que no cooperan con las autoridades de inmigración alcanzó un punto febril desde el 1 de julio, cuando Kathryn Steinle fue asesinada a disparos en un muelle de San Francisco, aparentemente por un inmigrante que fue liberado de la cárcel a pesar de que el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE por sus siglas en inglés) buscaba deportarlo por sexta vez.
Los republicanos de la Cámara de Representantes aprobaron un proyecto de ley que busca castigar a aquellas ciudades que se niegan a compartir información con las autoridades federales de inmigración, una iniciativa que la Casa Blanca amenazó con vetar. Aunque el proyecto de ley no aborda específicamente el tema de la liberación de inmigrantes buscados por las autoridades federales para su deportación, los republicanos están promoviendo otra iniciativa de ley para hacerlo.
La votación se produjo después que el precandidato presidencial republicano Donald Trump atacó la inmigración ilegal en actos de campaña interna.
Mientras la ciudad de San Francisco, que es notablemente liberal, se ha declarado abiertamente como refugio para todos los inmigrantes independientemente de su situación jurídica, otras ciudades y condados que han dejado de detener inmigrantes para entregarlos al ICE son políticamente conservadores y no buscan proteger activamente a esos residentes de la deportación.
El verano pasado, la ciudad de Huntington Beach, California, que es predominantemente blanca y republicana, dejó de cumplir las solicitudes de detención provisional por razones puramente legales.
Un fallo de una corte federal en Oregon dijo que las llamadas órdenes de detención de inmigrantes —que piden a policías locales que detengan a inmigrantes sospechosos de vivir ilegalmente en Estados Unidos durante un máximo de 48 horas— no eran razón suficiente para mantener encarcelado a alguien.
«No tenemos ninguna política ni nada que prohíba a nuestros agentes interactuar con el ICE. Simplemente seguimos la ley», dijo el jefe de policía Robert Handy. Añadió que sus policías no suelen preguntarle a los residentes sobre su estatus migratorio porque eso no tiene relación con sus casos, no porque estén protegiendo a alguien. «Si ellos nos traen una orden, los detendremos en nuestra cárcel. Si nos piden ayudar para una orden de cateo en una casa donde hay drogas, vamos a ayudarlos», agregó.
San Francisco se declaró una Ciudad Santuario hace más de dos décadas y sigue mostrándose como un refugio para los inmigrantes. En 1989, el gobierno de la ciudad aprobó una ordenanza que prohíbe a los policías cumplir las leyes de inmigración o preguntarle a alguien su estatus migratorio, a menos que lo exija la ley o una orden judicial.
En 2009, San Francisco comenzó a emitir tarjetas de identificación municipales que pueden utilizarse para obtener una credencial de acceso a las bibliotecas públicas e inscribirse en programas de parques.
Hoy en día, San Francisco es una de más de 200 jurisdicciones que han dejado de cumplir plenamente las órdenes de detención.
Esas localidades abarcan un amplio espectro, desde gestos de bienvenida a los inmigrantes o una falta absoluta de asistencia. Una gran diferencia es el razonamiento que hay detrás de las políticas locales hacia las órdenes de detención. Lugares como el condado de Cook, Illinois, y el condado de Santa Clara, California, tratan de cultivar la confianza de las comunidades inmigrantes hacia la policía local. Otros, como los condados de San Bernardino y Riverside, en California, citan el miedo de ser demandados.
«Utilizar el término ‘Ciudad Santuario’ implica una decisión política que la ciudad tomó sobre cómo comportarse con la comunidad migrante, pero la mayoría de las políticas hacia las órdenes de detención fueron adoptadas en atención a preocupaciones legales», expresó Jennie Pasquarella, una abogada que trabaja en la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) del Sur de California.
Mark Krikorian, director ejecutivo del Center for Immigration Cities (Centro para las Ciudades de Inmigración, una organización en contra de la inmigración ilegal), admite la diferenciación, pero dice que el efecto neto es similar, ya sea que una ciudad desee cooperar con el ICE o no.
«Algunos pueden cooperar aquí pero no allí. Algunos pueden cooperar en determinados asuntos, pero no en otros, pero me parece que cualquier jurisdicción que no coopere plenamente con las autoridades federales de inmigración califica como Ciudad Santuario», dijo.
El año pasado, una serie de ciudades que siempre habían trabajado en colaboración estrecha con el ICE dejaron de cumplir las órdenes de detención en respuesta a la sentencia federal en Oregon.
En respuesta, las autoridades de inmigración indicaron que iban a empezar a pedirle simplemente a la policía que les notifiquen cuando está a punto de ser liberada una persona que se sospecha que inmigró ilegalmente, no necesariamente que los mantengan detenidos. Creen que el nuevo enfoque, combinado con una mayor atención en los delincuentes graves, dará lugar a una mejor colaboración de la policía local.
En el densamente poblado sur de California, los agentes de inmigración han tendido a trabajar más estrechamente con los departamentos de policía que manejan las cárceles del condado, donde terminan los delincuentes con acusaciones más graves. Las cárceles más pequeñas, como la que hay en Huntington Beach, por lo general sirven como centros de detención a corto plazo en caso de arrestos por delitos menores.
En la cárcel del condado de Orange, los policías acostumbran preguntar a los inmigrantes sobre su estatus legal, en el marco de una estrecha colaboración con los agentes de inmigración. Alertan a las autoridades federales cuando están a punto de dejar en libertad a alguien que han etiquetado para su posible deportación, pero debido a las preocupaciones legales prefieren no retener personas con base en las órdenes de detención , agregó Steve Kea, un ayudante de la policía a cargo de las operaciones de custodia.
«No somos una ‘jurisdicción santuario’ por cualquier definición existente», dijo el subjefe de policía del condado de Orange John Scott.
SE APRUEBA PROYECTO DE INMIGRACIÓN
La mayoría republicana en la Cámara Baja aprobó un proyecto de ley destinado a sancionar a gobiernos locales que rehúsan cooperar con autoridades federales migratorias, aún después que la Casa Blanca amenazara con vetarlo.
La medida fue aprobada con votación 241-179, sobre las objeciones demócratas de que dificultaría a las policías locales obtener la confianza de inmigrantes no autorizados en sus comunidades, quienes optarían por no denunciar delitos por el temor de que su contacto con las autoridades les merezca una deportación.
La bancada republicana presentó la iniciativa de ley, que persigue prohibir subsidios a gobiernos locales que no cooperen con autoridades migratorias federales, tras el asesinato este mes en San Francisco de Kathryn Steinle presuntamente a manos del mexicano Juan Francisco López Sánchez, un inmigrante no autorizado con récord criminal.
No está claro cuándo el Senado debatirá una versión similar.
López Sánchez tenía varias sentencias por delitos graves y había sido deportado cinco veces, pero las autoridades de San Francisco lo dejaron en libertad pese a que las autoridades federales migratorias pidieron que lo retuvieran hasta que ellos pudieran recogerlo.
El autor de la legislación, el republicano Duncan Hunter, justificó la necesidad de tal medida aseverando que gobiernos locales discrepen con la ley federal «no les da derecho a ignorarla. Si no cumples con la ley, no recibes dinero federal».
El pleno también rechazó con holgura una enmienda demócrata que buscaba condicionar recortes presupuestarios a gobiernos locales solo si la Procuraduría General verificaba que no generaría un alza en el índice delictivo de esa localidad.
El demócrata por Illinois Luis Gutiérrez aseguró que el apoyo republicano consiste en «explotar cínicamente una tragedia familiar para obtener puntos políticos» y que se inscribe en los comentarios expresados por el precandidato presidencial republicano Donald Trump, quien al lanzar su campaña calificó a los inmigrantes mexicanos como «violadores» y «criminales».
Pero los republicanos rechazaron los intentos demócratas de vincular al proyecto de ley con Trump, quien visitaba el jueves la frontera con México.
El presidente de la Cámara Baja, el republicano por Ohio John Boehner, aseveró que «las ciudades no tienen el derecho de ignorar las leyes federales que les exigen encarcelar personas que han cometido delitos graves».
No todos los republicanos apoyaron la ley. Carlos Curbelo, de Florida, dijo a reporteros que «esto es un ejercicio, no una solución. Esto puede generar un titular de prensa pero no solucionará un problema».
San Francisco está entre cientos de gobiernos locales que desatienden las solicitudes de autoridades federales migratorias, conocidas en inglés como «detainers» y las cuales han sido descritas por activistas como medidas que pueden afectar de manera desproporcionada a inmigrantes que no han cometido faltas serias.
La Casa Blanca amenazó con vetar el proyecto de ley porque dijo que pondría en peligro los derechos civiles al permitir a la policía reunir información sobre el estatus migratorio de cualquier persona y en cualquier momento, lo cual contribuiría a generar desconfianza entre residentes y las fuerzas del orden.
La subcomisión de inmigración celebró una audiencia a la que compareció Jim Steinle, padre de la víctima, quien sin referirse a un proyecto de ley específico afirmó que «alguna legislación debe ser discutida, aprobada o modificada para sacar de nuestras calles de una vez por todas a felones que son inmigrantes indocumentados».
La principal demócrata en la subcomisión de inmigración, Zoe Logfren, indicó que aún si el proyecto de ley estuviera vigente no habría impedido el asesinato de Steinle y subrayó que varias alcaldías y cuerpos policiales se han pronunciado en contra de la iniciativa.
«Tenemos una oportunidad de aprender de la tragedia en San Francisco y llegar a soluciones reales que hagan a nuestras comunidades más seguras, en lugar de usar esa tragedia como excusa para promover una agenda diferente», dijo.
PRIORIDADES DE DEPORTACIÓN
Prioridad 1: A quienes sean considerados una amenaza a la seguridad nacional, de la frontera o publica (terroristas, personas involucradas en espionaje, criminales, pandilleros, entre otros)
Prioridad 2: A personas con historial extenso de violaciones de inmigración, quienes hayan cruzado la frontera recientemente (después del 1 de enero de 2014).
Prioridad 2D: Personas con DUI, cargos por violencia doméstica, explotación sexual, robo y cualquier delito que tenga más de 90 días como penalidad de cárcel
Prioridad 3: AS inmigrantes con una orden final de deportación en o después del 1 de enero de 2014.
A COMENTARIO PÚBLICO
El servicio de inmigración abrió al comentario público un nuevo reglamento de un beneficio que, de entrar en vigor, permitirá a ciertos residentes permanentes pedir a familiares inmediatos indocumentados que viven en Estados Unidos tal y como lo hacen ciudadanos desde el 2013.
El beneficio, que se conoce como Perdón 601-A o Ampliación de Elegibilidad de Exenciones por Presencia Legal, favorece a cónyuges, padres e hijos menores de edad solteros que están indocumentados en el país.
Por ahora los residentes legales permanentes “no pueden pedir el ajuste de estado de sus familiares inmediatos indocumentadas”, dijo el abogado José Pertierra. “Si lo hacen les cae encima la Ley del Castigo”.
La Oficina de Ciudadanía y Servicios de Inmigración (USCIS) dijo que el público “tendrá 60 días para hacer sus comentarios” y que una vez recopilados se redactará la regla final.
El cambio de reglamento del Perdón 601-A también fue incluido en la Acción Ejecutiva que el presidente Barack Obama anunció el 20 de noviembre, medida que ampara de la deportación de unos 5 millones de indocumentados padres de ciudadanos y residentes permanentes (DAPA, por sus siglas en inglés) y dreamers que están en el país desde antes del 1 de enero de 2010 (DACA, por su sigla en inglés).
La preocupación de los expertos no solo se centra en la Ley de los 10 años, sino también mencionan las restricciones a la condición de sufrimiento extremo que deba demostrar el residente que pida a un familiar inmediato.
El programa será “aún más efectivo” si el gobierno amplía la cuota de anual de visas de inmigrante. Actualmente el Departamento de Estado distribuye 480 mil y algunas esperas por un cupo disponible supera los ocho años.
Luego de los 60 días de comentario público “un panel selecto de jueces revisará las opiniones que envíen defensores y detractores de la medida”, explicó Escobar. “Si el panel considera que al reglamento hay que hacerle modificaciones de fondo, volverán a presentarlo a la consideración del público. Pero si estiman que ya tienen la regla final, la publicarán y pondrán en funcionamiento”.
Los cambios que incluya el reglamento y que afecten a los residentes legales permanentes también impactarán a los ciudadanos que requieren del Perdón 601-A que piden el ajuste de estado de familiares inmediatos.
La USCIS ha advertido que la reglamentación propuesta no alterará la manera en que la agencia determina elegibilidad de exención de inadmisibilidad ni cómo un individuo demuestra dificultades extremas.
