Hoy la Casa Blanca compartió un comunicado donde se destaca a la lucha contra la corrupción como un tema de interés para la seguridad nacional de Estados Unidos y por ello, la administración del presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris se comprometió a liderar esfuerzos con entidades estadounidenses y extranjeras para contrarrestar actividades económicas ilícitas en los gobiernos y élites del mundo.
Para consignar su interés en combatir este fenómeno, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, publicó un Memorando de Estudio de Seguridad Nacional (NSSM, por sus siglas en inglés), donde se ha comprometido a dirigir iniciativas internacionales para aportar transparencia al sistema financiero mundial y colmar las lagunas que socavan la democracia.
“El Mecanismo Estratégico Nacional de Lucha contra la Corrupción dirige a los departamentos y organismos para que identifiquen y, cuando proceda, establezcan nuevas estructuras y personal, mejoren la reunión y el análisis de información y aumenten los recursos destinados a combatir la corrupción en el país y en el extranjero”, consignó el comunicado.
Para el gobierno estadounidense, la lucha anticorrupción a nivel mundial merece la cooperación de naciones y organizaciones fuera del territorio estadounidense. El NSSM, según lo indicado, trabajará con aliados extranjeros a través de la Organización de las Naciones Unidas, el grupo G7, y el Grupo de Acción Financiera Internacional para “contrarrestar la corrupción estratégica que emana de gobiernos autocráticos y cleptocráticos, empresas estatales o afiliadas extranjeras y organizaciones delictivas transnacionales”.
Citando la Orientación Estratégica Provisional de Seguridad Nacional, los Estados Unidos de América tendrán “un objetivo especial en la lucha contra la corrupción, que pudre la democracia desde dentro y es cada vez más militarizada por los estados autoritarios para socavar las instituciones democráticas”.
La administración Biden aseguró que se adoptarán medidas que responsabilicen actos corruptos como las organizaciones delictivas transnacionales y otros agentes que participan en actividades ilícitas. Con ese fin se consolidarán penalizaciones en virtud de la Ley Global Magnitsky y la Iniciativa de Recuperación de Activos de Cleptocracia del Departamento de Justicia.
Entre las medidas que Biden sugiere para evitar acciones económicas ilícitas está el cierre total de las brechas aprovechadas por criminales para interferir en los procesos democráticos en los Estados Unidos y el extranjero.
Del mismo modo, el presidente indicó su interés por compartir los recursos financieros, técnicos, políticos y de otra índole a los países extranjeros que demuestren el deseo de reducir la corrupción. Conforme a lo anterior, declaró que se tomarán “medidas enérgicas contra los paraísos fiscales y la financiación ilícita que contribuyen a la desigualdad de ingresos, financian el terrorismo y generan una influencia extranjera perniciosa”.
Por otro lado, la Casa Blanca refiere que los actos de corrupción afectan entre el 2% y el 5% del producto interno bruto mundial. “El abuso de poder para beneficio privado, la apropiación indebida de bienes públicos, el soborno y otras formas de corrupción afectan a todos los países y comunidades. El producto de estos actos traspasa las fronteras nacionales y puede afectar a las economías y los sistemas políticos lejos de su origen”, añadió.
En virtud de lo anterior, Estados Unidos reducirá las finanzas secretas en el extranjero, la incautación de activos robados, lo cual para el gobierno Biden-Harris “hace más difícil para los que roban esconderse detrás del anonimato”. Por ello, el NSSM establecerá un registro de “propiedad beneficiosa”, a modo que los agentes ilícitos no puedan ocultar el producto de la corrupción detrás de empresas ficticias anónimas.
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INICIATIVAS EN EL INTERIOR DEL GOBIERNO
A nivel local, el Memorando de Estudio de Seguridad Nacional establece que en Estados Unidos se dirigirá una revisión de 200 días hacia entidades gubernamentales que culminará en un informe y recomendaciones sobre cómo el gobierno de EE. UU. y sus socios modernizarán, coordinarán los recursos para combatir mejor la corrupción.
Los organismos estadounidenses que se seleccionen para estas labores “lucharán contra todas las formas de financiación ilícita en los Estados Unidos y en los sistemas financieros internacionales, entre otras cosas aplicando rigurosamente la ley federal que exige que las empresas de los Estados Unidos informen al Departamento del Tesoro sus propietarios o propietarios efectivos; reducirán la confidencialidad financiera extraterritorial, mejorarán el intercambio de información y, en caso necesario, determinarán la necesidad de nuevas reformas”.
La iniciativa de cooperación interinstitucional anticorrupción contempla trabajar con la vicepresidencia, el Departamento de Estado, del Tesoro, Defensa, Justicia, la Misión de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, entre otros.
