Por Grecia Ortíz
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Luego de la condena emitida hace unos meses por un Tribunal de Cundinamarca a dos entidades (una de ellas ya extinta) en Colombia por acciones ilegales de inteligencia en contra del exmagistrado, Iván Velásquez, el Gobierno de ese país ofreció disculpas al también excomisionado de la CICIG, a través de una transmisión en línea.
De acuerdo con El Espectador, fue el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, a través de su director Diego Molano, quien acato una orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y expresó la disculpa pública.
Camilo Gómez Alate, Director Agencia Nacional de Defensa Jurídica estatal, mencionó que el Estado se equivocó y manifestó su compromiso de evitar más situaciones como estas.
«Quiero empezar estas palabras reconociendo que el estado se equivocó y le ofrezco al señor Iván Velásquez las más sinceras disculpas y el firme compromiso de evitar que casos como este se vuelvan a repetir», aseguró Gómez en la transmisión.
A la vez mencionó que están comprometidos con la construcción de un país con legalidad, emprendimiento y equidad en el cual se brinden todas las garantías para el pleno ejercicio de los derechos y deberes por parte de todos los colombianos.
Asimismo, el funcionario añadió que fue una situación que nunca debió suceder y que el estado colombiano vulneró el buen nombre, honra e intimidad del Velásquez Gomez.
Mientras que Diego Molano, director del Departamento Administrativo de Presidencia de la Republica (DAPRE), también pidió disculpas, «por los seguimientos ilegales realizados al señor Iván Velásquez Gómez cuando se desempeñaba como magistrado auxiliar de la honorable Corte de Suprema de Justicia».
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POR INVESTIGACIONES POR LA PARAPOLÍTICA
En su momento, se comprobó que Velásquez Gómez fue víctima de seguimientos por miembros del DAS para tenderle una trampa cuando era un magistrado en las investigaciones que había emprendido por la parapolítica en ese país.
La sentencia que hizo posible la disculpa del estado colombiano ocurrió en julio pasado luego de la condena en segunda instancia tanto al Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) ya extinto, y el DAPRE.
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La resolución, los hace responsables seguimientos ilegales realizados en contra de Velásquez Gómez a las dos entidades, cuando este se desempeñaba como magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia.
Como resultado de esta decisión, tanto Velásquez y su familia debían ser indemnizados, además, en un término de 30 días hábiles, el DAPRE tenía que realizar un acto público, con la presencia de los demandantes, a manera de disculpas los argumentos de esta sentencia y la promesa de no repetición.
