Ecuador recibió de la Unión Europea (UE) un conjunto de drones para la vigilancia de sus cárceles, escenario de una crisis de violencia en la que más de 500 presos han sido asesinados entre 2021 y 2023, la mayoría en una serie de masacres entre bandas criminales rivales.
La entrega se realizó el lunes en la cárcel de Latacunga, en la andina provincia de Cotopaxi, una de las más grandes del país, con la presencia del embajador de la UE en Ecuador, Charles-Michel Geurts, el embajador de Italia en Ecuador, Giovanni Davoli, y el director Adjunto del Programa de la UE para la Asistencia contra el Crimen Organizado en Latinoamérica (El PAcCTO), Giovanni Tartaglia.
Los drones fueron adquiridos por el Programa de la Unión Europea de respuesta a la emergencia para fortalecer el sistema penitenciario de Ecuador (Euresp), inaugurado en 2022 con un presupuesto de 2,5 millones de euros que ha sido ejecutados por el Instituto Italo-Latinoamericano bajo la dirección del magistrado italiano Paolo Di Sciuva, según señaló la embajada de Italia en un comunicado.
Estos equipos serán utilizados por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), la agencia penitenciaria del Estado, encargada del control y administración de las cárceles ecuatorianas.
El director del SNAI, Luis Zaldumbide, agradeció a Italia y a la Unión Europea el aporte de Euresp al Gobierno ecuatoriano en su compromiso por recuperar el control de los centros penitenciarios del país.
Por su parte, el embajador Davoli evocó la experiencia italiana en la lucha contra la mafia, gracias a la cual la estabilidad del control estatal sobre las instituciones penitenciarias se convirtió en una piedra angular.
Las cárceles más conflictivas de Ecuador fueron militarizadas al inicio de 2024, después de que el presidente, Daniel Noboa, elevase la lucha contra el crimen organizado a la categoría de «conflicto armado interno», con el que pasó a catalogar a las bandas criminales que operan en Ecuador como grupos terroristas.
También se han acometido reformas legales para permitir que las Fuerzas Armadas puedan operar en el entorno carcelario, con el objetivo de recuperar el control de los centros penitenciarios, que hasta entonces estaban controlados por las bandas del crimen organizado.
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