Exmandatario colombiano Álvaro Uribe. Foto La Hora: Europa Press/DPA.

La Fiscalía de Colombia ha vuelto a pedir este lunes, «con plena autonomía e independencia, y atendiendo criterios de imparcialidad legal», la preclusión –similar al archivo– del proceso contra el exmandatario colombiano Álvaro Uribe por supuesto soborno a testigos y fraude procesal.

«En atención a lo dispuesto en el artículo 294 del Código de Procedimiento Penal, y conforme a las interpretaciones constitucionales y legales del Tribunal Superior de Bogotá y la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en sede de tutela dentro de este mismo caso, el fiscal delegado radicó una nueva solicitud de preclusión de la investigación», ha indicado en un comunicado.

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Tras el anuncio del ente judicial, quien ha especificado que el caso recae en el fiscal tercero delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Javier Fernando Cárdenas Pérez, el abogado que representa a las víctimas ha calificado de «cobardía» las acciones de la Fiscalía.

«La Fiscalía vuelve a solicitar la preclusión en el caso Uribe. La cobardía de una institución decadente. Volveremos a derrotarlos», ha reaccionado el abogado Miguel del Río, quien asumió este año el cargo como representante de víctimas en dicho caso, tal y como ha recogido Blu Radio.

El proceso contra Uribe se remonta a 2012 cuando el exmandatario inició un proceso jurídico contra Iván Cepeda, senador del Polo Democrático, al acusarle de dirigir una supuesta manipulación de testigos para acusarle de vínculos con escuadrones paramilitares de ultraderecha.

Sin embargo, el proceso giró de manera inesperada cuando el Tribunal Supremo no sólo archivó la causa por falta de pruebas, sino que abrió una investigación contra Uribe por ese mismo crimen y por otro de fraude procesal, al considerar que los testimonios recopilados por Cepeda no fueron producto de manipulación ni de pagos.

Desde entonces, se abrieron dos investigaciones contra Uribe, una por presionar presuntamente a antiguos paramilitares para que declararan contra Cepeda y otra por sobornar a Juan Guillermo Monsalve para que se retractara de sus afirmaciones que vinculan al expresidente con la creación de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en Antioquia.

 

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