El presidente de Perú, Pedro Castillo. Foto La Hora: AFP.

 

El presidente de Perú, Pedro Castillo, ha solicitado a través de su abogado, Benji Espinoza, la tutela de derechos para frenar la investigación iniciada por el fiscal de la nación, Pablo Sánchez, por presuntos delitos cometidos durante su mandato.

Sánchez ha citado a declarar como investigado al presidente Castillo para el próximo lunes en el marco de la investigación del caso ‘puente Tarata III’ a pesar de que la Constitución contempla la inmunidad del jefe del Estado.

Según la Fiscalía, Castillo sería el máximo responsable de una organización criminal activa en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones en complicidad con el extitular de esta cartera Juan Silva Villegas, funcionarios de Provías Nacional y Provías Descentralizado, del Despacho Presidencial, así como de empresarios y terceros, para favorecer al consorcio puente Tarata III y a otras compañías en procesos de licitación pública.

El abogado del mandatario peruano ha confirmado que han sido notificados con la decisión de la Fiscalía de la Nación de rechazar el recurso de nulidad de la investigación, solicitado de acuerdo al artículo 117 de la Constitución, por lo que ahora la defensa legal de Castillo pedirá la tutela de derechos, utilizada cuando el imputado ve afectado o vulnerado sus derechos.

En concreto, el texto constitucional peruano estipula que el presidente del país solo puede ser acusado por «traición a la patria», «impedir elecciones presidenciales» o disolver e impedir el funcionamiento del Parlamento».

«Puedo decir que acaban de notificarnos la resolución fiscal que rechaza nuestra nulidad. Estábamos esperando eso precisamente para la tutela. Entonces, ya pedimos al juez supremo de investigación preparatoria que convoque a una audiencia para la ‘tutela de derechos’ y en los próximos días se debatirá públicamente nuestro pedido», ha indicado Espinoza a ‘El Comercio’.

El abogado de Castillo ya había presentado la nulidad absoluta y también había anunciado su intención de solicitar la tutela de derechos, aunque esperaba a que la Fiscalía se pronunciase con respecto a la nulidad para dar ‘luz verde’ a este mecanismo. Por otro lado, durante la celebración por el Día de la Bandera, el mandatario peruano ha llamado a la «amplia unidad» con el objetivo de «mirar al futuro con fe» y «esperanza», dejando de lado «cualquier ambición política o de poder» a fin de «promover el desarrollo de un país que nos requiere fuertes y cohesionados».

«Continuamos trabajando para vencer las desigualdades y las pocas oportunidades que nuestros hermanos del Perú profundo han tenido durante años. Estamos comprometidos en hacer convocación social con visión descentralizada», ha indicado, tal y como ha recogido el diario ‘La República’.

 

El presidente Castillo ya ha sido sometido a dos mociones de censura, saliendo vencedor de ambas. Esta semana, un sector de la oposición ha iniciado una recogida de firmas para presentar una moción de censura contra el primer ministro, Aníbal Torres, que, en caso de prosperar, podría suponer la disolución del Parlamento.

Varios diputados ya se han mostrado en otras ocasiones contrarios a este mecanismo, pues permitiría a Castillo hacer uso de la denominada ‘bala de plata’ para disolver la Cámara ante lo que sería una nueva crisis del Gobierno peruano bajo el actual mandato presidencial.

La solicitud deberá conseguir 33 firmas para ser presentada ante el Parlamento, mientras que en la Cámara se deberán alcanzar los 66 ‘síes’ para apear a Torres de la Jefatura de Gobierno. La declaración del estado de emergencia ya motivó la presentación de una moción de interpelación al primer ministro que, sin embargo, fue rechazada.

El rechazo popular a la gestión de Castillo ha ido en aumento desde que tomó las riendas de la Presidencia en julio de 2021, hasta el punto de que las últimas encuestas apuntan que un 71,4 por ciento de la población se muestra contraria al mandatario.

Entre aquella parte de la población que no confía en el presidente, casi el 48 por ciento ha aludido a la falta de capacidad de Castillo para gobernar, mientras que un 14,4 por ciento se ha referido a las cuestiones económicas y el incremento de la pobreza en Perú.

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