Con uno de los índices de popularidad más bajos en décadas, la presidenta de Perú Dina Boluarte cumplió el sábado dos años de gobierno desde que sucedió a Pedro Castillo —destituido tras un fallido golpe de Estado— y calificó de “intolerantes” a quienes han reclamado por su renuncia en protestas que causaron decenas de muertes.
El 3% en la popularidad de Boluarte es la más baja de un mandatario peruano desde 1980, según la firma Datum Internacional. La presidenta afronta investigaciones fiscales por supuestos actos de corrupción a los que no aludió en su discurso.
“No podemos negar que existen ideologías del odio que promueven la violencia (…) en el afán de destruir la democracia y la libertad”, manifestó Boluarte en una ceremonia oficial acompañada del alto mando policial y militar. “Actuamos con serenidad, con inteligencia ante las manifestaciones violentas de los intolerantes”, que fueron rechazadas por todas las instituciones del Estado, dijo.
“Cuando se destruye el Estado constitucional y las leyes que rigen, se hacen el camino al caos a la destrucción de las instituciones y se crean las condiciones para la anarquía y para que se establezca una dictadura (…) es abrir el camino a la barbarie”, apuntó la gobernante.
Boluarte inició su gestión el 7 de diciembre de 2022 luego de que el Congreso destituyó a Castillo —de quien era vicepresidenta— y quien poco antes intentó cerrar el Parlamento sin éxito. Las protestas que se sucedieron, especialmente en los bastiones electorales de Castillo, para exigir la renuncia de Boluarte, concluyeron en marzo de 2023 con un saldo de 50 civiles muertos y 716 lesionados, según la fiscalía.
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La actual mandataria, enfrenta, además, seis indagaciones fiscales por el supuesto cometimiento de diversos delitos, entre ellos el de homicidio por su responsabilidad en las muertes de los manifestantes, cohecho por recibir relojes de lujo de un gobernador regional, abuso de autoridad al desactivar un grupo policial que adelantaba investigaciones contra su hermano, Nicanor Boluarte, acusado de supuesto tráfico de influencias, entre otras.
También ha sobrevivido a varios intentos de destitución en el Parlamento, los cuales ha sorteado por la coalición de grupos legislativos conservadores y populistas.
