Las cárceles de Georgia ahora deberán revisar el estatus migratorio de los internos y presentar una solicitud para ayudar a aplicar la ley migratoria federal, de acuerdo con un nuevo proyecto de ley que adquirió impulso después de que la policía acusó a un venezolano de matar a una estudiante de enfermería en el campus de la Universidad de Georgia.
El gobernador Brian Kemp aprobó la ley el miércoles en el Centro de Entrenamiento de Seguridad Pública de Georgia en Forsyth. La mayoría de las disposiciones entrarán en vigor de inmediato.
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El gobernador republicano aprobó una ley separada que exige fianza para otros 30 delitos e impide que personas y fondos de fianzas de beneficencia puedan pagar la fianza de más de tres personas al año, a menos que cumplan los requisitos para convertirse en una empresa de fianzas. Esta ley entrará en vigor el 1 de julio.
Kemp dijo el miércoles que el proyecto de ley migratoria, denominado HB 1105, “se convirtió en una de nuestras principales prioridades después de la muerte sin sentido de Laken Riley a manos de alguien que estaba ilegalmente en este país y que ya había sido arrestado después de cruzar la frontera”.
José Ibarra fue arrestado por acusaciones de asesinato y agresión por la muerte de Laken Riley, de 22 años. Las autoridades migratorias dijeron que Ibarra, de 26 años, entró sin autorización a Estados Unidos en 2022. No se sabe si había solicitado asilo. El asesinato de Riley desató una tormenta política cuando los conservadores usaron el caso para culpar al presidente Joe Biden de fallas migratorias.
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“Si una persona entra ilegalmente en nuestro país y procede a cometer otros delitos en nuestras comunidades, no permitiremos que sus crímenes queden impunes”, dijo Kemp.
Los opositores advierten que la ley convertiría a las policías locales en una policía migratoria, haciendo que los inmigrantes estén menos dispuestos a reportar delitos y a trabajar con las autoridades. Los opositores también señalan estudios que muestran que los inmigrantes tienen menos probabilidades de cometer delitos que los estadounidenses de nacimiento.
En la ley se establecen requisitos específicos sobre la forma en que los funcionarios carcelarios deben comunicarse con el Servicio de Control de Inmigración y de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) para determinar si se sabe si los presos están en el país ilegalmente. Anteriormente, la ley de Georgia únicamente alentaba a los funcionarios a hacerlo, pero según la nueva ley, será un delito no revisar el estatus migratorio “deliberada e intencionadamente”. La ley también negaría financiación estatal a los gobiernos locales que no cooperen.
