El presidente venezolano Nicolás Maduro dijo el lunes que, más allá de los delitos de corrupción por los que se ordenó la detención del exministro de Petróleo Tareck El Aissami, las investigaciones apuntan a que el funcionario conspiraba con dirigentes opositores para derrocarlo.
“Teníamos a los corruptos y traidores al lado, los tenía, los tenían, y ni por mi mente me podía pasar que me pudieran traicionar o que pudieran estar robando”, dijo Maduro en su programa semanal de radio y televisión.
El mandatario acotó que las grabaciones que horas antes mostró el fiscal general Tarek William Saab representan el 1% de las pruebas que tienen de la conspiración y trama de corrupción dentro de la corporación estatal Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA), y de los supuestos vínculos de El Aissami con dirigentes opositores. Entre estos mencionó a los dirigentes en el exilio Leopoldo López y Julio Borges.
“La derecha estaba articulada” con El Aissami —que también era expresidente de PDVSA— para “destruirnos desde adentro”, aseveró.
Maduro señaló que tienen pruebas de conversaciones, llamadas telefónicas y videoconferencias entre opositores y el empresario Samark López, vinculado de manera directa con El Aissami. Este último fue detenido hace unas semanas, más de un año después de su renuncia al cargo.
El Aissami estaría vinculado con una trama millonaria de corrupción focalizada inicialmente en PDVSA y que se habría extendido a otras empresas estatales.
En marzo de 2023, El Aissami renunció con el argumento de que lo hacía en virtud de las investigaciones “que se han iniciado sobre graves hechos de corrupción en PDVSA”, y con el objetivo de “apoyar, acompañar y respaldar totalmente este proceso”.
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El Aissami será presentado pronto en una audiencia preliminar, indicó el fiscal general en una declaración a la prensa, sin mencionar la fecha exacta.
Por el caso están detenidas otras 65 personas, incluido Samark López. Se les acusa de traición a la patria, apropiación o distracción del patrimonio público, legitimación de capitales y asociación para delinquir.
El fiscal resaltó que no descarta nuevas detenciones en el caso.
En sus cuentas en redes sociales, los opositores López y Borges catalogaron de falsas las acusaciones de que presuntamente tienen vínculos con El Aissami, pese a reconocer que han mantenido contactos con funcionarios del gobierno de Maduro, que estarían interesados en que se produzca un cambio político en Venezuela.
El fiscal general ha dicho que todos los investigados, entre ellos El Aissami, están relacionados con la Superintendencia Nacional de Criptoactivos, donde la Fiscalía detectó a una red de funcionarios que, valiéndose de sus cargos y sus niveles de autoridad, habrían ejecutado operaciones comerciales paralelas en PDVSA, Cartones de Venezuela y la Corporación Venezolana de Guayana. Esta última está a cargo de administrar un conjunto de empresas siderúrgicas y los recursos de hierro, bauxita, oro y diamantes, entre otros.
El desvío de fondos del Estado a través de supuestos proveedores que no cumplían con los requisitos para contratar con el gobierno causaron un daño patrimonial “incalculable en millones de dólares”, ha dicho Saab, sin dar otros detalles.
El Aissami sancionado por Estados Unidos como presunto capo de la droga vivió un rápido ascenso en el poder durante las últimas dos décadas, en las cuales ocupó varios de los cargos más importantes en las áreas de seguridad y economía del gobierno del fallecido mandatario Hugo Chávez y de Maduro, su sucesor y heredero político.
Ocupó el Ministerio de Relaciones Interiores durante el mandato de Chávez (1999-2013), y Maduro lo designó ministro de Petróleo en abril de 2020. Venía de desempeñarse como vicepresidente de la república en el mandato de Maduro.
Las acusaciones de Washington contra El Aissami no afectaron su carrera. Por el contrario, el oficialismo venezolano lo catalogó como héroe. Pero la detención de varios de sus allegados finalmente lo puso en la mira.
El Aissami también estuvo encargado de diseñar la estrategia para sortear las sanciones de Estados Unidos, encaminadas a impedir que el gobierno de Maduro pueda realizar transacciones financieras y comerciales en el extranjero, al congelar activos internacionales de Venezuela y prohibir a los estadounidenses y sus socios internacionales hacer negocios con Caracas.
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