Un juez federal prohibió el viernes la separación de familias de migrantes en la frontera de Estados Unidos con fines disuasorios durante ocho años, bloqueando preventivamente el restablecimiento de una política implementada durante la presidencia de Donald Trump que el exmandatario no ha descartado si regresa a la Casa Blanca el próximo año.
La separación de miles de familias “representa uno de los capítulos más vergonzosos en la historia de nuestro país”, dijo el juez Dana Sabraw momentos antes de aprobar un acuerdo entre el Departamento de Justicia y las familias de migrantes representadas por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU por sus siglas en inglés) que puso fin al proceso iniciado hace casi siete años.
Sabraw, que fue designado por el expresidente George W. Bush, ordenó el fin de las separaciones de familias en junio de 2018, seis días después de que el entonces presidente Trump las suspendiera por su cuenta en medio de una intensa desaprobación internacional. El juez también ordenó que el gobierno reuniera a los niños con sus padres en un plazo de 30 días, lo que desencadenó un ajetreo porque las bases de datos del gobierno no estaban vinculadas. Los niños habían sido enviados a refugios de todo el país que no sabían quiénes eran sus padres o cómo encontrarlos.
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Mientras recordaba y felicitaba a los abogados de ambas partes, el juez relató la sensación de horror por las acusaciones iniciales y cómo las revelaciones posteriores lo dejaron cada vez más consternado por cómo se implementó la política en 2017 y 2018. Leyó de una orden anterior en la que señaló que la práctica era «brutal, ofensiva y no cumple con las nociones tradicionales de juego limpio y decencia».
Sabraw hizo referencia a otro documento judicial de 2018 que describía cómo muchos padres fueron deportados sin saber en dónde estaban sus hijos. “Simplemente cruel”, manifestó.
El gobierno y los voluntarios aún no han localizado a 68 niños que fueron separados bajo esta política para determinar si están a salvo y reunidos con sus familiares o seres queridos, según la ACLU. Sabraw señaló que su “mayor temor y preocupación” eran esos niños en paradero desconocido.
En virtud del acuerdo, políticas similares a la de “tolerancia cero”, bajo la cual el gobierno de Trump separó a más de 5,000 niños de sus padres que fueron arrestados por ingresar ilegalmente en el país, estarían prohibidas hasta diciembre de 2031.
Los niños aún podrían ser separados de sus padres, pero bajo circunstancias limitadas, como ha sucedido desde hace años. Entre esas circunstancias está si se cree que el niño es víctima de abusos, si el padre está condenado por delitos graves o si existen dudas de que el adulto sea el padre del menor.
Las familias que fueron separadas podrían recibir otros beneficios, como: estatus migratorio regularizado durante un máximo de tres años con permisos condicionales humanitarios, la reunificación en Estados Unidos a expensas del gobierno, un año de alojamiento, tres años de orientación familiar y ayuda jurídica en los tribunales de migración. Pero el acuerdo no da dinero a las familias. En 2021, el gobierno del actual presidente Joe Biden sopesó compensar a los padres e hijos con cientos de miles de dólares cada uno, pero las negociaciones se estancaron.
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Mientras busca volver a la Casa Blanca en las elecciones presidenciales del próximo año, Trump no se ha pronunciado sobre si intentaría reanudar las separaciones de familias. Defendió los resultados de la política en una entrevista con la cadena Univisión el mes pasado, y afirmó sin ofrecer pruebas que “impidió la llegada de cientos de miles de personas».
“Cuando te enteras de que vas a ser separado de tu familia, no vienes. Cuando piensas que vas a llegar a Estados Unidos con tu familia, vienes”, señaló Trump.
El Departamento de Seguridad Nacional mencionó el viernes un comunicado anterior emitido por el secretario Alejandro Mayorkas en torno a que el acuerdo refleja los esfuerzos para hacer frente a “una política cruel e inhumana y nuestra firme adhesión a los valores más preciados de nuestra nación”.
El abogado de la ACLU, Lee Gelernt, comentó a los periodistas que los comentarios del juez del viernes “lo dijeron todo. Esto fue un episodio trágico en la historia de nuestro país”.
La campaña de Trump no respondió de momento al fallo del viernes.
