El presidente Joe Biden defendió el jueves la decisión de su gobierno de obviar 26 leyes federales para construir unos 32 kilómetros (20 millas) del muro fronterizo en el sur de Texas, afirmando que no tenía otra opción que usar fondos previamente asignados para esa labor a fin de frenar la migración no autorizada que cruza desde México.
Cuando se le preguntó si pensaba que el muro funcionaba, respondió simplemente «No».
La nueva construcción fue anunciada en junio, pero los fondos fueron aprobados en 2019, antes que el presidente demócrata asumiera el cargo. Biden aseguró que trató de reencauzar el dinero pero que el Congreso se negó, y que la ley requiere que esos fondos se utilicen para lo que fueron aprobados, y que la construcción sea completada en 2023.
«Ese dinero ya había sido apartado para la muralla fronteriza», declaró Biden. «No lo puedo parar». Aun así, el ignorar leyes federales para la construcción —algo común cuando el republicano Donald Trump era presidente— suscitó interrogantes, particularmente porque cuando era candidato, Biden condenaba el uso de fondos para construir la barrera.
Una de las primeras decisiones de Biden como presidente fue detener el uso de fondos de emergencia para construir el muro a lo largo de la frontera sur y poner fin a la emergencia nacional allí.
La decisión se toma cuando el gobierno de Biden lucha por gestionar un número cada vez mayor de inmigrantes en la frontera y extendiéndose por el resto de Estados Unidos. Los gobernadores demócratas en Nueva York, Chicago y Washington están pidiendo ayuda federal para gestionar el creciente número de inmigrantes en sus ciudades.
Los republicanos, por su parte, están criticando al presidente por ineficaz en la política fronteriza, y algunos sugieren que no financiarían más esfuerzos en Ucrania sin un aumento sustancial de los fondos para la seguridad fronteriza.
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La decisión fue recibida con críticas inmediatas de los defensores de los inmigrantes y del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Gran parte de la tierra alrededor del río Bravo —conocido como río Grande en Estados Unidos— es susceptible a la erosión y es hábitat oficialmente protegido para plantas y animales.
Por lo general un proyecto federal a orillas del río requerirá una serie de estudios ambientales. El Congreso le dio a las autoridades migratorias estadounidenses el poder de pasar por alto esos estudios a fin de agilizar la construcción de la barrera.
El Departamento de Seguridad Nacional incluyó el anuncio en el Registro Federal con pocos detalles, describiendo la construcción en el condado Starr, Texas, que es parte de un sector de la Patrulla Fronteriza «donde hay abundantes entradas ilegales». Según datos oficiales, se han registrado 245.000 entradas ilegales en lo que va de este año presupuestario en el sector del Valle del Río Bravo, que incluye 21 condados.
