La oficina del procurador general de Brasil ha presentado sus primeras acusaciones contra algunas de las miles de personas que, según las autoridades, irrumpieron en edificios de gobierno para tratar de revertir la derrota del expresidente Jair Bolsonaro en la elección de octubre.
Los fiscales del grupo creado recientemente para combatir los actos antidemocráticos han pedido que los 39 acusados que saquearon el Congreso reciban la prisión preventiva y se congelen 40 millones de reales (7,7 millones de dólares) de sus bienes para ayudar a pagar los daños. Las acusaciones son de asociación delictuosa armada, intento violento de subvertir el estado democrático de derecho, preparar un golpe de Estado y dañar la propiedad pública, dijo la oficina del procurador general en un comunicado escrito el lunes por la noche. No se ha difundido sus identidades.
Un millar de personas fueron arrestadas el día de los disturbios del 8 de enero, que tuvo grandes similitudes con el asalto al Congreso estadounidense el 6 de enero de 2021 por turbas que intentaban revertir la derrota electoral del presidente estadounidense, Donald Trump.
Bolsonaro tacha de "increíble" el asalto de sus seguidores al Congreso en Brasil
https://t.co/LBEuYlnPy5— El HuffPost (@ElHuffPost) January 17, 2023
La turba que tomó por asalto el Congreso, el palacio presidencial y el Supremo Tribunal Federal en Brasilia, buscaba la intervención de las fuerzas armadas para revertir la derrota de Bolsonaro ante Luiz Inácio Lula da Silva, ahora presidente. «Los implicados en los disturbios intentaron, por medio de la violencia y amenazas graves, abolir el estado democrático de derecho, impidiendo o restringiendo el ejercicio de poderes constitucionales», según un extracto del acta de acusación incluido en un comunicado.
«El objetivo último del ataque… fue la instauración de un régimen gubernamental alternativo». No se les acusó de terrorismo porque bajo la ley brasileña, tal acusación debe incluir xenofobia o prejuicios basados en la raza, etnicidad o religión.
La oficina de procurador general envió las acusaciones al Supremo Tribunal Federal después que el presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, presentó una lista de personas acusadas de asaltar el Congreso. Se prevé que habrá acusaciones contra más personas.
