A petición del gobierno del presidente salvadoreño Nayib Bukele, la Asamblea Legislativa aprobó el martes una tercera prórroga del estado de excepción para continuar el combate a las pandillas, a las que responsabilizan de la mayoría de los crímenes en el país centroamericano.
“Esta guerra si bien es cierto la vamos ganando, hace falta trabajo todavía por realizar”, dijo el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, al presentar la solicitud para prorrogar por otros 30 días el régimen de excepción.
“La misión que nos están dando los salvadoreños es clara, erradicar a estos terroristas del territorio salvadoreño”, afirmó.
La prórroga se aprobó con los votos de 67 de los 84 diputados del Congreso unicameral.
Villatoro aseguró que la captura de miles de pandilleros que por décadas han tenido sometidos a lo salvadoreños, ha logrado reducir los índices de homicidios, extorsiones, tenencia de armas y drogas.
Organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado reiteradas irregularidades, entre ellas detenciones arbitrarias y violaciones al debido proceso. Además, le han pedido a Bukele que ponga fin al régimen de excepción y revierta las reformas al Código Penal que aprobó el Congreso, argumentando que tales medidas atentan contra los derechos humanos de la población.
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Sin embargo, el ministro de Seguridad resaltó el apoyo que, según él, ha expresado la población a las medidas. De acuerdo con recientes encuestas de dos prestigiosas universidades del país, más del 80% de los salvadoreños aprueba el régimen de excepción.
“Todos los que hablan en pro de los derechos de los criminales y terroristas se equivocaron de país. Aquí se escucha a los salvadoreños”, manifestó Villatoro.
José Heriberto Hernández, un obrero de 51 años, dijo a The Associated Press que está de acuerdo con las medidas antipandillas. Pero “también creo que se deben tomar medidas para liberar rápido a los inocentes” o a las personas detenidas sin tener que ver con esos grupos, agregó.
La ONG de derechos humanos Cristosal denunció que a pesar de que las fuerzas de seguridad han capturado a miles de pandilleros, continúa reportándose desplazamiento forzado interno a causa de esos grupos criminales.
Villatoro confirmó que a pesar de la captura de miles de pandilleros, incluyendo a la mayoría de los cabecillas, estos grupos criminales siguen operando, manteniendo su amenaza contra las comunidades, y advirtió que “no vamos a descansar hasta que el último pandillero en nuestro territorio nacional haya sido capturado”.
Mientras se discutía la prórroga del régimen de excepción, Bukele confirmó en su cuenta de Twitter que han iniciado la construcción del “Centro de Confinamiento del Terrorismo».
“Además, decidimos hacerlo alejado de las ciudades, rodeado de cientos de manzanas de tierra propiedad del Estado, con cientos de miles de metros de construcción, varios niveles de muros y 37 torres de vigilancia, lo que hará imposible un escape”, agregó el mandatario, que también publicó un video de la obra.
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Las autoridades sostienen que persisten las circunstancias que motivaron la implementación de la medida. En lo que va del régimen de excepción, las autoridades han capturado a 41.346 personas, en su mayoría acusadas de formar parte de esas estructuras criminales o ser colaboradores de las pandillas.
Después de que el 26 de marzo se reportaran 62 homicidios, un nivel de criminalidad que no se había visto en años en El Salvador, el Congreso aprobó el estado de excepción que limita la libertad de asociación y suspende el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y razones del arresto, así como la asistencia de un abogado.
Además, amplía de 72 horas a 15 días el plazo de detención administrativa y permite a las autoridades intervenir la correspondencia y celulares de quienes consideren sospechosos.
Según la Constitución, el plazo de suspensión de las garantías constitucionales no excederá el periodo de 30 días. Transcurrido este plazo podrá prolongarse, por igual lapso y mediante nuevo decreto en el caso que continúen las circunstancias que lo motivaron. De lo contrario, se restablecerían por completo las garantías suspendidas.
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Las autoridades de seguridad sostienen que, aunque las medidas extraordinarias han arrojado resultados, muchos pandilleros continúan en libertad y siguen delinquiendo.
Las llamadas maras o pandillas, que se estima que tienen unos 70.000 integrantes, tienen presencia en populosos barrios y comunidades del país y están involucradas en el narcotráfico, y el crimen organizado. También extorsionan a comerciantes y empresas de transporte y asesinan a quienes se niegan a pagar, según las autoridades.
En agosto de 2015, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia declaró grupos terroristas a la pandilla Mara Salvatrucha (MS-13) y la pandilla Barrio 18. En su sentencia, también declaró terroristas a los jefes, miembros y colaboradores de las pandillas.
