Más de 2,000 migrantes, en su mayoría centroamericanos, continuaban el lunes caminando por el sur de México hacia el norte en dirección a la localidad de Huixtla, en Chiapas, en cuyas afueras había un despliegue de fuerzas de seguridad que hacía prever un eventual operativo para intentar frenar su marcha.
En torno a un centenar de efectivos de la Guardia Nacional, el ejército y el Instituto Nacional de Migración y al menos un autobús esperaban al grupo en la carretera unos kilómetros antes de Huixtla, una zona donde han sido disueltos los anteriores grupos que salieron de la ciudad de Tapachula, en la frontera con Guatemala, en los últimos meses.
En agosto, alguno de estos operativos fueron denunciados por organizaciones internacionales por el uso excesivo de la fuerza, pero el lunes el gobierno mexicano aseguró que se respetarían los derechos humanos.
«Se va a actuar con prudencia, respetando de los derechos de las personas” y con apego a la ley, garantizó el canciller Marcelo Ebrard al ser preguntado al respecto en una conferencia de prensa y tras lamentar que los migrantes estén siendo alentados a caminar hacia Estados Unidos mediante engaños.
Este último grupo de migrantes, el más numeroso en meses, comenzó a caminar el sábado y estaba conformado principalmente por migrantes de Honduras y El Salvador, muchos acompañados por niños pequeños. El lunes muy temprano salieron desde la localidad de Huehuetán, donde habían pasado la noche.
A diferencia de caravanas anteriores, la que partió el sábado de Tapachula no incluía tantos migrantes haitianos, miles de los cuales llegaron a la frontera sur de Estados Unidos, a la altura de Del Rio, Texas, en septiembre. Miles fueron devueltos a Haití, otros al sur de México y también hubo muchos que fueron liberados dentro del territorio estadounidense.
“No estamos haciendo daño a nadie”, dijo Maryin Juárez, una universitaria nicaragüense que viaja con su tío y su primo y confía en volver a esquivar las detenciones como hizo durante el fin de semana, cuando tuvieron que correr para evitar que los detuvieran en un retén y hasta perdió los zapatos.
Juárez, como decenas de miles de migrantes de Honduras, El Salvador y Haití han estado esperando en Tapachula que las autoridades mexicanas les contesten sobre sus solicitudes de refugio, pero se cansaron de las demoras en el proceso.
La joven nicaragüense, que dijo estar huyendo de la represión del gobierno de Daniel Ortega contra los estudiantes, llegó a esa ciudad hace dos meses y las primeras citas para el refugio se las dieron para enero y febrero de 2022, por lo que decidió empezar a caminar. “Nuestro poco dinero se nos fue ahí”, se lamentó.
Coincidiendo con el avance de la carava varios colectivos civiles lanzaron una campaña con el lema #ProtecciónNoContención, llamando al Estado mexicano “a poner fin a la represión, contención y deportación de personas con necesidades de protección y se garantice su derecho a solicitar asilo o regularizar su situación migratoria, conforme a la legislación nacional e internacional”.
México requiere que los migrantes que solicitan una visa humanitaria o asilo permanezcan en Chiapas para que sus casos puedan ser procesados.
En el primer retén con el que el grupo se encontró el sábado policías estatales trataron de detenerlos pero sólo hubo altercados menores y un niño pequeño sufrió una herida leve en la cabeza. A pesar de ello continuaron su viaje.
“Nosotros no queremos problemas con nadie”, dijo Anthony Beltrández, un cubano que dejó su país en 2018 para irse a Uruguay y que llevaba un mes y medio esperando en Tapachula por unos documentos que le permitieran llegar a la frontera sur de Estados Unidos. “Queremos hacer todo pacíficamente”.
En enero, una caravana más grande trató de partir de Honduras pero las autoridades guatemaltecas le impidieron seguir adelante.
Estas caravanas son similares, aunque ni de cerca tan grandes, a las que cruzaron México en 2018 y 2019.
