El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha acusado a la comunidad internacional de «financiar» una «oposición perversa», en referencia a las protestas en las que han participado miles de salvadoreños para mostrar su rechazo al Gobierno.
«Un grupo de personas salió a las calles supuestamente a luchar por la libertad. Esas personas no se movilizaron solas. Lamentablemente han conseguido apoyo de la comunidad internacional. Lo triste es que están financiando a una oposición perversa, que no le importa golpear niños, ancianos, vandalizaron no solo monumentos, sino propiedad pública (…) y no es la primera vez que lo hacen. En todas sus manifestaciones lo hacen», ha apostillado este miércoles el mandatario, informa el medio salvadoreño ‘La Prensa Gráfica’.
Respecto a las protestas, ha manifestado también que el Gobierno «no ha reprimido» y «no ha utilizado ni una sola lata de gas lacrimógeno», si bien ha advertido de que podría «ser necesario» en caso de que «algún día» las marchas obtuviesen mayor «financiación».
En este sentido, ha dicho que «hay muchos» en la comunidad internacional que «siguen vendiendo» una «dictadura que no existe». «Muchos que incluso viven en países que pudieran ser considerados dictadura o al menos si reprimen a sus poblaciones, le lanzan gases lacrimógenos, los golpean, los arrestan, los arrastran en las calles», ha afeado.
Miles de salvadoreños han salido a las calles de San Salvador este miércoles para protestar contra el Gobierno de Bukele, el mismo día en el que se conmemora el bicentenario de la independencia del país centroamericano.
En la marcha, los manifestantes han mostrado su desaprobación a la concentración de poder en el Ejecutivo salvadoreño y a medidas adoptadas recientemente, como el uso del bitcóin como moneda de curso legal en el país o la destitución de jueces.
De forma paralela, recoge la prensa salvadoreña, los ciudadanos, entre los que figuran miembros de la sociedad civil, veteranos de guerra, organizaciones estudiantiles, colectivos feministas, jueces y miembros de comunidades indígenas, exigen una «restauración» del orden democrático y del Estado de Derecho en el país centroamericano.
