Al grito de «muerte» al partido de Gobierno, decenas de manifestantes marcharon este martes en Bolivia por la libertad de la expresidenta Jeanine Áñez, condenada el viernes a diez años de prisión por tomar el mando irregularmente tras la renuncia de Evo Morales. «Este es un juicio político; es un juicio de venganza», dijo la hija de la exmandataria derechista, Carolina Ribera, durante la protesta en La Paz.
Los manifestantes, que llevaban pancartas con frases como «liberen a Jeanine» y «justicia digna para todos», pertenecían a movimientos y partidos de oposición al oficialista Movimiento al Socialismo (MAS). «Es una presa política», aseveró Kevin Vargas, un manifestante de 26 años.
La noche del viernes, un tribunal de La Paz halló culpable a Áñez, que gobernó entre 2019 y 2020, de los delitos de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución. La familia de Áñez anunció que apelará el fallo agotando todas las instancias judiciales en Bolivia antes de acudir a la justicia internacional. La Fiscalía, que aspira a una sentencia de 15 años, también apelará.
La justicia considera que Áñez alcanzó la presidencia de forma inconstitucional en noviembre de 2019 tras la renuncia del izquierdista Morales (2006-2019) en medio de protestas multitudinarias por un supuesto fraude electoral denunciado por la Organización de Estados Americanos (OEA).
El lunes, senadores estadounidenses de los partidos demócrata y republicano denunciaron en una declaración conjunta «la continua politización» del poder judicial de Bolivia, tras el fallo contra la expresidenta. Además, un grupo de 23 expresidentes de países iberoamericanos pidió a la ONU y la Unión Europea la semana pasada «repudiar la intención de sentenciarla de forma arbitraria».
Áñez, una abogada y expresentadora de televisión que fungía como segunda vicepresidenta del Senado, llegó a la presidencia con el fin de organizar nuevas elecciones después de que renunciaran todos los que la antecedían en la sucesión presidencial: el vicepresidente, la titular de la Cámara Alta y el presidente de la Cámara de Diputados.
El Tribunal Constitucional avaló el procedimiento por el que Áñez alcanzó la presidencia. Los comicios se celebraron en octubre de 2020 tras dos aplazamientos debido a la pandemia y tuvieron como ganador a Luis Arce, delfín de Morales.
En 2021, un grupo de expertos contratado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en acuerdo con Bolivia constató decenas de muertos y «graves violaciones de los derechos humanos» durante incidentes de represión tras la llegada de Áñez al poder, en noviembre de 2019.
El informe de la CIDH también cuestiona la independencia del sistema judicial boliviano.
