La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Honduras rechazó el miércoles un pedido para evitar la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández, aprobada a fines de marzo, para que sea juzgado en Estados Unidos por narcotráfico.
La denominada acción de amparo, presentada por los abogados de Hernández, buscaba detener la extradición, argumentando la «violación de los derechos humanos» de Hernández durante el proceso.
«La Sala de lo Constitucional resuelve declarar inadmisible la garantía de amparo» presentada «por los abogados defensores de Juan Orlando Hernández», contra la decisión del Pleno de la Corte Suprema, que autorizó la extradición de Hernández el 28 de marzo, dice la resolución difundida por el Poder Judicial.
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Aún no se ha informado sobre la fecha en que ocurrirá su envío a Estados Unidos.
Las autoridades hondureñas incautaron la semana pasada la casa y decenas de propiedades, productos financieros y otros bienes al expresidente Hernández (2014-2022), como parte del proceso.
Hernández, que dejó la presidencia en enero, fue detenido a mediados de febrero, pedido en extradición. Un juez la autorizó y la Corte Suprema la ratificó tras desestimar un recurso de la defensa. Esta decisión es inapelable.
En Estados Unidos Hernández es acusado de «conspiración (…) para importar sustancia controlada» y «poseer armas de fuego, incluyendo ametralladoras y dispositivos destructivos, en apoyo de la conspiración de importación de narcóticos», según fiscales federales de Nueva York.
Honduras se convirtió en un «narco-Estado» por la actividad de Hernández, añadió la acusación.
En una nota enviada al gobierno hondureño, Estados Unidos afirma que entre 2004 y 2022 Hernández participó en la distribución de «cargamentos de múltiples toneladas de cocaína enviadas a Honduras desde Colombia y Venezuela» y otros lugares, y de trasladar «más de aproximadamente 500.000 kilogramos de cocaína» a territorio estadounidense.
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Hernández, preso en la cárcel de una sede policial, reitera que es «inocente» y «víctima de una venganza y una conspiración» de capos narcotraficantes que extraditó durante su gobierno y que sirvieron de testigos contra su hermano.
Si es hallado culpable, podría ser condenado a cadena perpetua en Estados Unidos, una pena que ya recibió su hermano el exdiputado «Tony» Hernández, en marzo de 2021 por ese mismo delito.
«Tres cadenas perpetuas podrían llegar a constituirme en un muerto en vida», expresó el exmandatario de 53 años.
