La publicación en La Hora del negocio de venta de plazas en el Organismo Judicial ha causado gran escozor a las autoridades de justicia del país, tanto así que varias fuentes nos informaron de la petición que hizo Claudia Paredes, presidenta del OJ, para que activen o impulsen acciones penales contra personeros de este diario. Como saben los lectores, en Guatemala muchas mujeres que desempeñan cargos públicos recurren a la Ley de Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer cuando son objeto de críticas o señalamientos por actos relacionados con el desempeño de su función pública.
La Constitución, en su artículo 35, regula el derecho a la libre emisión del pensamiento y de manera tajante establece que “no constituyen delito o falta las críticas o señalamientos contra funcionarios públicos”, norma que no hace distingo entre hombres y mujeres sino se refiere a cualquier persona en ejercicio de función pública. Desde hace más de cinco años se iniciaron procesos penales en contra de personeros de La Hora por publicaciones relacionadas con la forma espuria en que era manejado el Instituto de la Víctima y posteriormente contra un reportero que descubrió a una Fiscal que había tenido una reunión secreta, prohibida por la ley, con el juez que conocía un caso que interesaba al Ministerio Público de Consuelo Porras.
Las publicaciones sobre la venta de plazas están fundamentadas en grabaciones que se hicieron de las conversaciones entre los encargados de la contratación de personal y quienes aspiraban a una plaza. Gente cansada de tanta “cochinada” alzó la voz. Los detalles de esas pláticas evidencian la realidad de un sistema en el que, como hemos dicho tantas veces, todo está en venta al mejor postor y en el que, también, quienes tienen contacto o relación con las mafias que controlan el sistema encuentran las puertas abiertas mientras la gente honesta y honrada no puede optar a cargos, especialmente los relacionados con la administración de justicia.
La perversa utilización de la Ley de Femicidio para violar la clara regulación que hace la Constitución de la República en cuanto a la crítica a los funcionarios públicos es una de las tantas muestras de la deformación de nuestro sistema de justicia, mismo que lejos de aplicar la ley por parejo y respetando el estricto sentido de las normas, se ha puesto a la disposición de los corruptos para protegerlos y para perseguir a quienes denuncian o señalan esos actos de corrupción en el desempeño de funciones públicas.
Eso vuelve a pasar ahora cuando, molestos porque se les descubrió el sucio tamal de la venta de plazas en el Organismo Judicial, desde arriba se giran órdenes para activar o iniciar procesos en contra de personeros y personal de La Hora, instrucciones giradas desde la presidencia del OJ para intentar silenciar a la prensa.
