Ayer la embajada de Estados Unidos publicó un mensaje relacionado con la visita que hizo al país, donde se entrevistó con Arévalo, el Ministro de la Defensa y el Fiscal General, la Subsecretaria Adjunta para Centroamérica, Ana Quintana-Lovett, quien subrayó los avances que hay en la relación con Guatemala, agregando que su país mantiene una política de Cero Tolerancia “frente a la influencia del narcotráfico y de actores extranjeros malignos en los procesos electorales”, agregando que continuarán tomando medidas concretas contra quienes amenacen la seguridad y las instituciones democráticas, advirtiendo que revocarán visas cuando corresponda.
En realidad es sana una política en ese sentido, pero es indispensable que se entienda la raíz del problema porque en Guatemala la influencia del narcotráfico y la existencia de tantas organizaciones criminales es resultado de un hecho categórico: el secuestro y destrucción del sistema de justicia. Y es que, como hemos dicho infinidad de veces, las mafias de la corrupción supieron operar eficientemente para adueñarse de todo lo que tiene que ver con la justicia, pensando en su propia inmunidad, pero sin darse cuenta que con ello le abrían las puertas a grupos criminales que disponen de mucho dinero para entrar, también, al juego de la compra de fallos judiciales o de la indiferencia ante el crimen. Encontraron además, en las contrataciones del Estado, los medios para mover los hilos e inclinar la balanza con apariencia de “legalidad”, situación que no cambió con la elección del 2023.
Creemos fundamental que en Estados Unidos se entienda esa realidad porque es un hecho que las mafias tienen a sus cabilderos haciendo lobby para proteger sus intereses y la mejor prueba está en cómo influyeron para que Washington metiera las manos, con información a medias, en los procesos de cortes de justicia. Aquella foto de John Barrett en la toma de posesión de Claudia Paredes ha sido difícil de entender. Una visión objetiva y de conjunto de la realidad guatemalteca les permitiría entender que la mayor causa del descalabro está, ciertamente, en el poder del narcotráfico en la política, pero también que ello no sería posible si tuviéramos una justicia efectiva que aplique la ley como corresponde.
En la medida en que aquí sea imposible administrar justicia porque los fallos responden a los intereses de las mafias que controlan el sistema, no solo los políticos mafiosos y sus contratistas se verán beneficiados sino también esas formas de crimen organizado a las que Estados Unidos quiere poner un alto, mismo que no llegará mientras persista el modelo actual.
Y deben reconocer que al haber partido de información incompleta, se terminó dando un espaldarazo a ese continuo plan de secuestro de la justicia al permitir que personas con vínculos con el crimen organizado, tuvieran más poder en la impartición de justicia.
