Ayer fue noticia un operativo sorpresa realizado por autoridades de tránsito para verificar que pilotos y buses del transporte colectivo tuvieran su papelería en orden, lo que derivó en la aplicación de multas y sanciones a 25 unidades. En realidad se trata de algo que no debiera ser noticia sino una práctica constante para prevenir accidentes mortales que afectan a miles de familias cada año por el compadrazgo entre autoridades y transportistas para que, mediante mordidas, éstos puedan hacer lo que les viene en gana.
Enfrentar esas mafias ha significado muchos ataques a quienes han intentado que la realidad cambie y es que durante años los transportistas han gozado de un trato preferente porque las entidades a cargo del control cayeron en la práctica de la mordida cotidiana; de esa manera podían contratar a personal no calificado como conductores, podían hacer que les dieran licencia profesional sin la preparación necesaria y descuidar por completo el mantenimiento de los buses o microbuses porque sabían que con unos cuantos billetes todo se podía resolver. Por esa triste realidad es que la aplicación de pinches 25 sanciones, ocurrida ayer, se convierte en una gran noticia porque rompe con el molde de que donde hay puestos de control, inmediatamente se vuelven puestos de mordidas.
Creemos que mantener una política de prevención basada en honestidad y transparencia es el único camino para acabar con esa inmensa cantidad de accidentes mortales que han enlutado a tantas familias en el país; y es que, hay que decirlo, la corrupción ha imperado no solo entre los que participan en operativos sino que ellos tienen que compartir con sus jefes el producto del ilícito ingreso, además de que los otros ya se embolsaron grandes sumas extendiendo permisos y licencias al que llegue al precio de la mordida.
Todos los días y en diferentes rutas tienen que implementarse estas acciones para empezar a revertir la tradición de que en temas de transporte todo tiene su precio y quien paga puede hacer lo que le dé la gana, aunque ello ponga en peligro a miles de pasajeros. Por supuesto que es una tarea muy delicada, pues la tradición se impone y las viejas prácticas tarde o temprano vuelven a implementarse ante el menor descuido o desinterés de los superiores que debieran ser ejemplo de decencia y transparencia, pero que en nuestra dolorosa realidad son promotores de los vicios.
25 sanciones en un operativo de control del transporte público es realmente una pequeña cantidad, pero al menos abre la puerta para acabar con las prácticas tradicionales en las que una mordida permite borrón y cuenta nueva para que los transgresores de la ley puedan seguir haciendo lo que quieran. Ojalá todos los días se den esos mecanismos hasta obligar a los “transportistas” a cumplir con la ley.
