La visita oficial a Estados Unidos del fiscal general de Guatemala, Gabriel García Luna, y del ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, marca un cambio radical en las relaciones entre ambos países, sobre todo después de que la exfiscal fue sancionada por Washington impidiéndole siquiera el acceso al territorio norteamericano. Según la información oficialmente difundida tanto aquí como en la capital norteamericana coloca al MP dentro de la estrategia de seguridad que impulsa el gobierno de Donald Trump, específicamente en el combate al narcotráfico, tráfico de personas y crimen organizado internacionalmente.
Por supuesto que conociendo el entorno guatemalteco, como lo debe saber Washington, esos temas tienen estrecha relación con otro tipo de actividades criminales, como sería el lavado de dinero y la narcopolítica, temas que tienen una muy estrecha relación con el gran problema de Guatemala, que es la destrucción del Estado de Derecho y la justicia realizado por las redes de la corrupción.
En efecto, la voracidad de buena parte de la clase política no solo los hizo operar para facilitar el saqueo de fondos públicos, sino también garantizar impunidad por los crímenes relacionados con su ambición y, cabalmente, esa impunidad no funciona únicamente para los ladrones, sino también para otras formas de crimen organizado, incluyendo el narcotráfico que, además, decidió ir copando a esa ambiciosa clase política para incrementar sus utilidades y seguridades.
Al entender el contexto en el que operan en nuestro país los narcos, los traficantes de personas y todo el crimen organizado se debe entender que una de las prioridades para la política que impulsa Washington es la de desarmar las redes que tienen el control del sistema de justicia, puesto que mientras el mismo siga sirviendo al mejor postor, será imposible en realidad quitarles poder a los que se dedican a esas actividades delictivas.
La apertura que se logró con el cambio de Fiscal General tiene que facilitar el avance de una reestructuración del sistema de justicia para que aplique la ley a TODOS los que realizan actividades criminales de gran envergadura. Hemos dicho hasta el cansancio que la corrupción no solo enriquece a los políticos sinvergüenzas y sus contratistas, sino también a otro tipo de delincuentes, entre ellos los narcos que han visto su cielo abierto en las facilidades que les ofrece el sistema legal guatemalteco donde, además de operar tranquilamente, pueden también lavar su dinero para borrar las huellas y sobornar a esos ambiciosos personajes que se encargaron de adueñarse de la justicia en el país.
Si Estados Unidos se propone realmente combatir esas actividades criminales, tiene que apoyar el rescate de nuestra justicia para dar sostenibilidad al combate.
