Hay un principio jurídico universal de que nadie puede ser juez de su propia causa, por lo que se habla de ser juez y parte para describir una situación de claro conflicto de intereses que ocurre cuando una misma persona ejerce el poder de tomar una decisión cuando está directamente involucrada en el asunto, con lo que, por supuesto, desaparece la necesaria imparcialidad.
En Guatemala, nos guste o no, de acuerdo al artículo 170 de la Ley de Amparo, el magistrado de la Corte de Constitucionalidad (CC) tiene la facultad, más no la obligación de inhibirse, y es vital saber qué dice el artículo: “… Cuando a su juicio, por tener interés directo o indirecto, o por estar en cualquier otra forma comprometida su imparcialidad, los Magistrados podrán inhibirse de conocer, en cuyo caso se llamará al suplente que corresponda”.
La magistrada de la Corte de Constitucionalidad, Julia Rivera, nombrada por la Usac de Walter Mazariegos, conoció y resolvió en el caso de un Amparo interpuesto contra la elección del Rector que movió cielo y tierra para su designación ante la CC. Como dijimos antes, inhibirse en su caso no es obligación, pero el mensaje es claro: sí, soy juez y parte ¿y qué?
¿Qué dirán los magistrados que alzaron la voz cuando la antigua presidenta de la CC conoció los casos de la elección del ente constitucional ante la Usac y ellos se quejaban porque ella había participado en el proceso de elección ante la universidad? ¿Le reclamarán a la magistrada Rivera o mejor no porque al fin y al cabo hay un pacto por preservar el sistema, sus agentes y sus vicios?
Ni Rivera ni el otro designado de la Usac, Pumay, se van a inhibir porque saben que puede caer un suplente que dé el tercer voto en contra de Mazariegos en cualquiera del rosario de amparos que hay ante la CC por la elección fraudulenta de Rector que se llevó a cabo en la universidad pública.
Los tres magistrados que están marcando tendencia en sus votos en torno al tema de la Usac, fueron cabalmente los nombrados por ese mismo Consejo, por el Congreso y por la Corte Suprema de Justicia y una de las condiciones impuestas era que garantizaran la continuidad del sistema de justicia y el sistema en general en el que los largos y criminales tienen impunidad y los críticos del modelo deben esperar duras sentencias en su contra.
Julia Rivera, Roberto Molina Barreto y Dina Ochoa podrán, con sus acciones, confirmar ese extremo o rechazarlo dándole la espalda a quienes quieren preservar un sistema de justicia que demanda cambios y comprometiéndose con el Estado de Derecho que tanto necesita el país.
Hemos dicho que Mazariegos es una pieza clave del sistema dado el peso que la Universidad nacional tiene en las Comisiones de Postulación, más todo el dinero que maneja y por eso los fallos que vienen de la Corte de Constitucionalidad, serán claves para el futuro del país, de la universidad y la comunidad sancarlista. La indignación que provoca el nuevo fraude de Mazariegos es tal que tendrán todos los reflectores encima.
Operadores descarados siempre han existido en todos lados, pero una norma era que siempre aparentaban ser no tan burdos y trataban de, al menos, guardar las apariencias. En la Guatemala de hoy eso no se puede esperar y por eso vimos la forma cínica en que lavadores o sus aliados trataron de impedir la tipificación del delito de lavado de dinero y, por eso, es que las resoluciones de la Usac en la CC cobran una connotación especial.
Insistimos, serán las acciones y las resoluciones las que hablarán más que las palabras.
