Como informamos hoy, tres magistrados de la Corte de Constitucionalidad continúan allanando el camino para avalar en definitiva el fraude en la Universidad de San Carlos de Guatemala argumentando temas procesales, con lo que cumplieron con los pactos alcanzados tras las elecciones en la Usac, el Congreso y la Corte Suprema de Justicia, en el sentido de seguir apañando la impunidad y el control que la corrupción mantiene sobre instituciones de todo el país. No es sorpresa la actuación de esos magistrados, porque todos sabemos que fueron electos precisamente para ser garantes de la persistencia del sistema y por ello se produjo el intenso cabildeo que permitió que a la Embajada norteamericana le dieran información incompleta de lo que estaba pasando.
En ese contexto ahora el futuro de la Universidad de San Carlos, así como el futuro del poder que ejercen las mafias, está en manos del Ministerio Público que tiene no solo la facultad, sino la obligación de investigar y perseguir la comisión de cualquier delito. Y, por supuesto, el robarse las elecciones en la Universidad de San Carlos implica la comisión de varios delitos que deben ser ágil y correctamente investigados para aplicar las sanciones correspondientes a todos los que participaron en el manoseo de la elección de Rector.
De hecho, el Ministerio Público tiene una tremenda pacaya como tarea obligada, puesto que de sus actuaciones dependerá que se pueda iniciar el proceso de rescate de la institucionalidad en el país toda vez que la depuración del mismo sistema de justicia requiere que los delitos que cometen quienes lo están manoseando sean debidamente investigados y perseguidos. La ciudadanía tiene que estar presta para apoyar a la Fiscalía General si llega a tener ese indispensable aire con remolino que reclama la dramática condición en que está Guatemala, por culpa del control que ejercen las mafias.
Los fallos judiciales tienen que emitirse apegados a la ley y cuando se dictan resoluciones al gusto del mejor postor debe actuarse con determinación y firmeza porque es la única manera en que Guatemala podrá ir saliendo del atolladero de podredumbre que fueron creando -durante sucesivos gobiernos- los operadores de la corrupción. Dimos un gran paso hacia delante saliendo de Porras, Pineda, Curruchiche y compañía, pero aún falta mucho camino por recorrer, como vemos ahora que, “legalmente”, se quiere consagrar como válido el fraude en la Usac.
Guatemala tiene muchas oportunidades y enorme potencial de crecimiento, pero necesitamos dar más pasos concretos y sostenibles. Para alcanzar el grado de inversión la macroeconomía ya no basta, ahora se necesitan reformas (entre otras cosas) para lograr los objetivos y esos cambios además de dar certeza, ayudarán a que la gente se anime a invertir más para crear más oportunidades.
Entendamos que nos estamos jugando el todo por el todo y que si la luz de esperanza que brilló con las elecciones del 2023 no llegó a brillar, es indispensable que cerremos filas para que la iniciada con la designación de nuevo Fiscal produzca ese resultado que los guatemaltecos esperamos. El Fiscal tiene frente a sí una tarea inmensa, pero llegó al cargo sabiendo lo que le tocaba y ahora es cuando necesitamos que nos devuelva la ilusión y la esperanza. Sabemos que no es fácil, pero es necesario y ojalá se estén dando los pasos adentro de la institución para avanzar a la brevedad posible con todas las pruebas necesarias.
