Esta semana es crucial para el futuro del país, pues los diputados tendrán que aprobar, finalmente, la Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y del Financiamiento del Terrorismo, iniciativa de ley que responde a las condiciones indispensables para evitar la vuelta a la Lista Gris del Grupo de Acción Financiera Internacional. La tenaz oposición que impidió por varias semanas la aprobación de la ley estará ahora sujeta a un mayor escrutinio, no solo del GAFI sino de la sociedad guatemalteca y, desde luego, de la Embajada que inicialmente se mantuvo indiferente ante el tema, pero que ahora, cuando se concretó una alianza contra el narcotráfico entre Guatemala y Estados Unidos, actúa de acuerdo a la trascendencia del asunto.
Hoy en la reunión de jefes de bloque se abordará el tema y se conocen las oposiciones tenaces de partidos que tratan de impedir la existencia de un marco que permita la persecución penal de los lavadores de dinero; y es que volverse millonarios saqueando fondos públicos no tiene sentido si esos sucios capitales no son lavados de la forma en que hasta ahora han operado esos grupos, lo cual se puede comprobar con datos de la Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos, que reflejan cómo en los primeros cuatro meses de este año se reportaron 2,338 transacciones sospechosas por las que presentaron 110 denuncias al Ministerio Público, señalando movimientos por Q2,751,000,000 vinculados a diversas formas de blanqueo de capitales.
Pero en el caso de Guatemala aparte de la corrupción hay otro tema específico que debe encender todas las alertas y hablamos de la narcopolítica, puesto que desde hace muchos años que diferentes carteles, al ver los niveles de ambición de los políticos guatemaltecos, empezaron no solo a financiarlos sino a colocar a sus propios peones en distintas posiciones dentro de muchos partidos, con la idea de garantizar plenamente que la impunidad generada para los culpables de delitos de corrupción, se aplique al menos en iguales condiciones para el dinero proveniente de la droga.
Como argumento toral para frenar la ley hablan de la debida presunción de inocencia, en el sentido de si quien mueve capitales suciamente no ha sido condenado por delitos de enriquecimiento ilícito no puede ser sujeto a investigaciones por operaciones de lavado de dinero. En el delito de lavado de dinero puede incurrir gente que no ha sido parte de los negocios de corrupción y es, absolutamente, un crimen independiente a los que cometan corruptos y narcotraficantes. Así es en todo el mundo y no se viola ninguna presunción de inocencia como suciamente dicen los lavadores de dinero y sus operadores en el Congreso.
Los ojos del país y del mundo están centrados en este momento crucial que es, realmente el momento de la verdad para ver si el país quiere y da pasos para salir de la podredumbre y el secuestro de tanto mafioso.
