Con el mayor cuero que cualquiera pueda imaginar, en el Congreso se sigue librando la tenaz batalla para impedir que sea aprobada la iniciativa de Ley Contra Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo porque, como se explica en la nota publicada el día de ayer al respecto, la Intendencia de Verificación Especial (IVE) ha formalizado denuncias serias que complican a Alejandro Giammattei y su pareja Miguel Martínez, situación que explica el papel que está jugando Allan Rodríguez, quien da la cara en la defensa de las operaciones de lavado de dinero.
Él se juega por completo, a pesar de quedar burda evidencia, por su relación con esa pareja que, según la IVE, ha movilizado muchísimos millones dentro de mecanismos para lavar las ganancias mal habidas; cuenta con la ayuda de otros diputados, como Felipe Alejos, quienes intentan marcar distancia para no darse color con Estados Unidos, pero que son los artífices de la manera en que la norma se ha entrampado.
Cínicamente invocan principios constitucionales para justificar sus acciones, afirmando que con esa ley se pretende hacer que todo mundo sea culpable hasta que se demuestre lo contrario, pero en la realidad la ley lo que establece es cuáles son los manejos que constituyen la práctica de lavar los fondos mal habidos y no es preciso que existan sentencias firmes por otros delitos dictados previamente, pues se trata de una tipificación clara y contundente de otra forma de delito. Por supuesto que serán inocentes hasta que se dicte condena por el lavado de dinero, hecho que constituye un delito, pero la intención de ligar ese crimen a otros que han sido apañados por nuestro sistema de justicia es una maniobra asquerosa.
Inicialmente operaron contando con la indiferencia de la comunidad internacional, especialmente de la Embajada de Estados Unidos, y de influyentes sectores de la vida nacional que no se habían pronunciado. Pero ahora, tras el comunicado de la misión diplomática norteamericana -ese sí Fuerte y Firme- diversos grupos de la sociedad e individuos se han sumado a exigir con firmeza que se evite el manoseo que los defensores de los lavadores de dinero están haciendo desde el Congreso.
La lista de las denuncias de la IVE relacionadas con la pareja del expresidente Giammattei y su Jefe de Jefes es muy larga y al conocerlas uno se entera de la razón por la cual se efectúa esa tenaz oposición a una norma que, además de castigar el delito de lavado de dinero, permitiría a Guatemala salir de la lista gris en la que nos coloca la manera en que aquí se ha apañado cualquier práctica inmoral e indecente para “limpiar” los miles de millones generados por la corrupción.
