Ayer publicamos un trabajo sobre cómo el país crece económicamente (con una proyección de 4.1% para este año) mientras el bienestar de la población se estanca, pese al esfuerzo enorme de millones de guatemaltecos que envían vía remesas el fruto de su trabajo para sostener a sus familias. Básicamente el problema está en que Guatemala no hace inversión social, es decir que no canaliza recursos económicos, técnicos y humanos a proyectos orientados a mejorar el bienestar y desarrollo de la población, cerrando brechas de desigualdad, puesto que todo el Estado sigue centrado únicamente en la corrupción, es decir en gastar dinero público para enriquecer a contratistas y funcionarios amañados.
Por clara y dura que sea la realidad, los que han sacado jugo a ese sistema podrido siguen empeñados en continuar con la explotación de los recursos públicos y lo demuestran con su tenaz oposición a una Ley contra el Lavado de Dinero que le ponga freno al manoseo que hacen con la plata mal habida. Sobre todo ahora que ya no dispondrán de la complaciente cobertura de un Ministerio Público totalmente comprometido con la protección a los peores ladrones de la historia nacional y por ello es que en el Congreso vemos la tenaz lucha que, aún tras la seria llamada de atención de una Embajada que había estado callada, mantienen para que se termine aprobando una ley totalmente ineficaz.
Estamos urgidos de políticas orientadas a promover el bienestar y desarrollo de la población, cosa imposible mientras los funcionarios y contratistas todo lo hagan con el único y exclusivo propósito de hacerse millonarios. Las carreteras que se hacen son verdaderos mamarrachos que no resuelven problemas y tampoco hacemos inversiones serias en educación y salud para garantizar mayor desarrollo de todos los habitantes.
En la elección del 2023 el pueblo votó contra ese sistema podrido, pero varios factores impidieron que el mandato se concretara. Falta de determinación y carácter ha habido, pero también un increíble entramado a lo largo y ancho de toda la administración pública que sigue operando como en sus mejores tiempos, sobre todo porque ha privado la tranquilidad que da la certeza de impunidad.
Mientras los fondos públicos sigan siendo dilapidados habrá necesidad de lavar dinero y por ello es que esa ley está siendo manoseada descaradamente por los operadores de las mafias que se adueñaron del Estado. Pongamos el ojo en los que están frenando la ley antilavado para entender lo que hay detrás de ese persistente empeño; la salida de Porras del Ministerio Público obliga a buscar mecanismos legales que impidan denunciar e investigar en la ruta del dinero, lo que mueve a varios diputados del Congreso de la República.
