El esfuerzo que se viene realizando para impedir la aprobación de una efectiva Ley Contra el Lavado de Dinero u otros Activos y el Financiamiento al Terrorismo es totalmente comprensible si entendemos la importancia que puede tener un adecuado sistema para seguir la pista del dinero. Ciertamente ello no es suficiente, porque de nada serviría la ley si el país hubiera seguido con una Fiscalía General que ha enterrado las denuncias que ha recibido de la Intendencia de Verificación Especial (IVE) de la Superintendencia de Bancos (SIB), relacionadas con la forma en que empresas que hacen negocios con el Estado desvían luego los fondos tratando de borrar huellas.
El caso de una empleada de confianza de la Dirección de Caminos cuando esta entidad era dirigida por Álvaro Cuellar Manzo, al recibir más de un millón de quetzales de una de las firmas favoritas del gobierno de Giammattei y Martínez es apenas una pequeña muestra de la forma en que operan muchas empresas. Y aunque el caso fue oficialmente denunciado ante el Ministerio Público hace ya mucho tiempo, no se hizo ninguna investigación, mucho menos iniciar un proceso para perseguir a los responsables del mal manejo de los fondos públicos.
Sabiendo que viene una nueva etapa en el MP, que todos esperamos sea realmente ejemplar en cuanto al cumplimiento de los deberes de esa institución y de los procesos en base a sólidas pruebas, es natural que se muevan muchas fuerzas para, por lo menos, debilitar el instrumento legal que permitiría una efectiva labor estatal contra el lavado de dinero. Hasta ahora hemos tenido una ley que si bien no es perfecta, por lo menos otorga facultades para realizar las investigaciones necesarias que podrían ser mucho más efectivas si hubiera una Fiscalía realmente comprometida con el cumplimiento de la ley.
Pero el temor que provoca la llegada de un nuevo fiscal -que ojalá sea realmente distinto- y la posibilidad de aprobar una nueva ley más firme y efectiva para contrarrestar ese tipo de operaciones que permiten repartir las ganancias mal habidas, huele a una mezcla demasiado peligrosa y por ello es que vemos los movimientos en el Congreso para introducir reformas que debiliten la propuesta elaborada con el acompañamiento de entidades internacionales preocupadas por la forma en que se lava tanto dinero en Guatemala.
Y así como ahora se mueven ágilmente para detener una ley contra el lavado de dinero, se van a movilizar para tratar de arrinconar al nuevo Fiscal General para maniatarlo e impedir que pueda cumplir con el mandato que el pueblo dio en las últimas elecciones. Tenemos que saber que la lucha no será fácil, pero no podemos dar un paso atrás, ni siquiera para agarrar aviada.
