Es obvio que el relevo en el Ministerio Público, tras la designación del nuevo Fiscal General, Gabriel García Luna, provoca enorme desesperación entre quienes han sido los principales beneficiarios del constante consuelo que recibieron durante los ocho años que lleva Porras al frente de esa dependencia, vital para la existencia de justicia en el país. En este momento tal desesperación se manifiesta contra la Corte de Constitucionalidad que constituye el último peldaño y la última esperanza de los grupos que vienen controlando el sistema judicial para garantizarse la más plena impunidad.
El mismo Ministerio Público ha anunciado que realiza diligencias en contra de uno de los participantes en el proceso de postulación de la Comisión de Postulación para Jefe del MP, mientras que la Corte de Constitucionalidad ha denunciado una serie de presiones y amenazas que persiguen un fallo que impida el relevo en el Ministerio Público, lo cual nos da una idea precisa de todo lo que está en juego y, sobre todo, de los enormes temores que tienen los que han sido beneficiarios de disponer de un ángel guardián y consuelo absoluto.
A esto se le suma la nueva y necesaria disposición de tener plenos presenciales en la CC, toda vez que era un descaro total las formas en las que algunos tomaban los plenos, trascendiendo además que en muchos de ellos, algunos magistrados tenían invitados alrededor de sus computadoras o tabletas con el afán que oyeran las discusiones que se generaban en el seno de la más alta corte del país.
Como pasó tras la sorpresa de la primera vuelta electoral del año 2023, cuando Bernardo Arévalo pasó a segunda vuelta de forma inesperada, las arremetidas proliferan para buscar una manera de impedir que se concrete el cambio en el Ministerio Público, pues si algo entienden las mafias es el papel crucial que juega esa institución en cuanto a investigar toda clase de delitos, entre ellos los de corrupción que empobrecen al pueblo guatemalteco. Quedan apenas 10 días para que se concreten los 853 días de absoluta protección a Miguel Martínez y Alejandro Giammattei y durante este breve lapso veremos muchísimas acciones que persiguen impedir la investidura de García Luna.
No se trata únicamente de maniobras de distracción para que nadie se entere de lo que está pasando en Gerona donde, a toda prisa, se trata de destruir por completo cualquier evidencia que pudiera no solo afectar a los que nombraron a Consuelo Porras, sino especialmente puedan exponerla a ella, a Ángel Pineda, Dimas Jiménez, Rafael Curruchiche y compañía por la gravedad de los hechos perpetrados para impedir cualquier avance de justicia en contra de los mayores ladrones de la historia del país, tarea que realizaron al tiempo que usaban el poder público para perseguir a quienes cuestionaban la dramática realidad que vive Guatemala.
Obviamente el capítulo no quedó cerrado con el nombramiento del sustituto de Porras. Por el contrario, ese nombramiento los tiene con los pelos parados y por ello agotarán todos los recursos a su alcance para impedir la investidura de Gabriel García Luna.
