Hoy publicamos un interesante y fundamental trabajo respecto a la obligación de los magistrados, especialmente de la Corte de Constitucionalidad (CC), de no ser agradecidos con quienes los nombraron sino ajustar sus decisiones a la ley, sin importar lo que piensen los que los colocaron en esa delicada responsabilidad. Una entrevista con Rodolfo Rohrmoser Valdeavellano, prestigioso jurista que fue Magistrado de la CC a principios de este siglo, abre la puerta al análisis de ese crucial papel que desempeñan desde tan alta magistratura y varios abogados abordan el importante tema.
Vale la pena el relato que hace Rohrmoser de la forma en que, ante un amparo que interpuso uno de los magistrados de la CSJ que lo habían designado, al decidir conforme a derecho resolvió en contra del amparista, lo que provocó indignación e hizo que le recordaran que él estaba en la CC porque ellos lo habían nombrado. Y es que en la práctica hemos visto cómo los que ocupan altos cargos en el sistema de justicia terminan sirviendo a intereses de quienes los designaron, olvidando por completo el elemental sentido del derecho y es que en muchos casos, para crecer o mantenerse, se depende de ese poder político que tiene sus muy particulares intereses.
Hoy mismo se publica un interesante artículo del licenciado Luis Fernández Molina en el que cuestiona la constitucionalidad de la Ley de Comisiones de Postulación que utiliza una serie de criterios, no establecidos en la Carta Magna, para conformar las listas de postulados, lo que permite que se incurra en negociaciones que obligan al agradecimiento de quienes terminan siendo nombrados. Tal y como pasó dos veces con Consuelo Porras, quien fue total y descaradamente agradecida con quienes la nombraron para engavetar cualquier denuncia que se hiciera sobre posible corrupción en el ejercicio de la presidencia.
Obviamente ese es el caso más burdo y descarado de esa forma de “gratitud” que obliga a quienes debieran ajustar todas sus decisiones a la Ley, a violentarla porque fueron puestos para servir a determinados intereses. Hablar de alguien malagradecido es una seria crítica, pero cuando el agradecimiento se traduce en violación de la ley, de la justicia y de los principios, obviamente constituye una aberración inaceptable.
Todo funcionario tiene que entender que está para servir a los habitantes del país con apego a las normas y, sobre todo, a la ética y la decencia, lo que significa que nunca debiera anteponer sus intereses personales o compromisos hechos con quienes los designaron para administrar justicia. Es cabalmente la justicia lo que deben siempre buscar, aunque ello pueda afectar a las personas o grupos que participaron en el proceso de nombramiento.
