No es exagerado afirmar que el futuro del país y del esfuerzo por rescatar la institucionalidad y el Estado de Derecho depende totalmente del proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las Salas de Apelaciones; no por gusto el anterior Congreso consumió casi sus cuatro años de período sin elegir magistrados de conformidad con la ley y lo terminó haciendo luego que Miguel Martínez se apersonó en la bancada de Vamos para instruirles cómo y por quién debían votar.
Hace muchos años que los mafiosos entendieron que controlando las Comisiones de Postulación podían hacerse con el control del Organismo Judicial y, con ello, asegurarse impunidad ante la posibilidad de que se pudiera repetir algún sobresalto como aquel que puso fin al gobierno de Otto Pérez y Roxana Baldetti hace 9 años, en el ya lejano 2015. Y ante la diligencia y lealtad de los juzgadores en funciones, se postergó la elección de los sucesores hasta que amarraron todas las pitas para realizar una votación disciplinada para conformar nueva Corte y nuevas Salas de Apelaciones.
Conforme a la ley, quienes fueron electos el año pasado únicamente tienen que terminar el período para mantener el ciclo de la elección de magistrados cada cinco años. Ese período se cumple este año, por lo que se hizo ya la convocatoria, pero ante el riesgo que para las mafias representa la observación nacional e internacional, han decidido que mejor dejar que los actuales, cuya lealtad han comprobado, sigan en sus puestos.
Por ello la serie de Amparos que se vienen interponiendo contra el proceso legal, absolutamente legal, de elección de magistrados de Salas y de la Corte Suprema de Justicia y debemos entender que esto es el principio de la batalla decisiva que tendremos que librar los guatemaltecos si en realidad estamos dispuestos a cambiar, a como dé lugar, la patética condición del Estado de Derecho.
Los Amparos son apenas la primera escaramuza de esta dura, larga y decisiva batalla, porque luego viene el proceso de las postuladoras y, posteriormente, la elección de los magistrados dentro de las listas que elaboren los “académicos” llamados a proponerlos. No olvidemos que la idea inicial de las postuladoras era depurar el proceso encomendando a la Academia, y no los políticos, la tarea de hacer la selección. Tristemente ello se tradujo en algo peor, puesto que se prostituyó todo, dando lugar a creación y manipulación de universidades (incluyendo la San Carlos) para que operaran al gusto de las mafias.
No podemos los ciudadanos desentendernos de esta batalla que debe ser nuestra si realmente queremos ofrecer a nuestros hijos un futuro en el que prevalezca el Estado de Derecho y el respeto a la ley.
