La investigación de La Hora sobre los nombramientos que hicieron Alejandro Giammattei y Miguel Martínez para copar el Banco de los Trabajadores confirma la tesis de que no hubo área en la que no metieran sus manos en lo que ha sido la más burda y descarada captura de la institucionalidad para fines de corrupción. En efecto, el presidente de la Junta Directiva de Bantrab, Jorge Adolfo Mondal Chew, así como su suplente, Luis Antonio Suárez Roldán, asumieron los cargos incurriendo en falsedad al jurar que cumplían con el requisito de 10 años de experiencia bancaria.
Los dos fueron destituidos por el presidente Bernardo Arévalo pero, para variar, la Corte de Constitucionalidad (CC) cumplió con los compromisos adquiridos con la pareja gobernante cuando fueron electos, y otorgó amparo a los dos funcionarios para que continuaran en sus cargos.
Mediante el uso de la Ley de Acceso a la Información La Hora pudo establecer que ninguno de los dos cumple con el requisito legal de ser Contadores Públicos, perito contador o cuando menos haber laborado 10 años en el sistema bancario nacional, según reza el artículo 17 de la Ley Orgánica del Bantrab. El medio No Ficción publicó un reportaje indicando que el nombramiento de Mondal, así como el de Enrique Cossich respondió a una recomendación de Miguel Martínez, atribuyendo la información a fuentes internas del banco y fuentes políticas del entorno de la Presidencia.
Cossich fue removido por Giammattei, sin Corte que le amparara, y en su lugar fue nombrado Luis Suárez, economista que fue pieza clave en la “elección” de Walter Mazariegos en la USAC y candidato a Vicepresidente de Vamos con Manuel Conde; tras perder la elección recibió como premio de consolación el nombramiento en el Bantrab.
Ambos, Mondal Chew y Suárez Roldán, afirmaron bajo juramento en declaración formal, cumplir con el requisito de 10 años de trabajo en el sistema bancario y afirmaron que la Superintendencia de Bancos (SIB) podría confirmar lo que afirmaron sin ser verdad. La SIB negó tener registros de que alguno de los dos hubiera tenido experiencia de 10 años trabajando con bancos del país previo a su nombramiento.
No sorprende, en absoluto, ese uso que de las instituciones del Estado se hace para facilitar los negocios que tanto interesaron a la pareja gobernante; la misma Superintendencia ha sido señalada porque allí fue nombrado quien era, en esa fecha, cuñado de Giammattei y tío de sus hijos, quien a la fecha continúa trabajando en la dependencia que, como hemos dicho repetidas veces, no ha realizado, que sepamos, ninguna Verificación Especial para seguir la pista del dinero de las empresas favorecidas por miles de millones de quetzales en contratos supervisados y controlados por la pareja presidencial.
El país completo fue capturado y por ello es necesario y urgente que principie la recuperación de la legalidad y la institucionalidad.
