Todos sabemos que el Ministerio Público es esencial para concretar la lucha contra el sistemático saqueo de los fondos públicos que viene siendo el principal objetivo del Estado desde hace ya demasiado tiempo y por ello el empeño, con la complicidad de la Corte de Constitucionalidad, de incluir a como diera lugar a Consuelo Porras en la lista de postulados. Y ella ha cumplido al pie de la letra lo pactado para impedir cualquier investigación que pueda alcanzar no solo a Morales y Giammattei sino también a quien fuera pareja y poder tras el trono en el último gobierno.
Pero era crucial para ellos no dejar cabos sueltos en ningún lado y por ello Martínez fue a instruir a los diputados que lo representaban a él, no al pueblo, para decidir qué magistrados tenían que ser electos, pero también era fundamental garantizar que nadie se estuviera metiendo a verificaciones especiales en el sistema bancario para seguir la pista del dinero producto de tantos y tan sucios negocios. La Intendencia de Verificación Especial de la Superintendencia de Bancos es clave en ello y eso explica no solo la inmensa cantidad de reuniones en Casa Presidencial con la IVE y la SIB, sino el nombramiento del actual Superintendente luego de haber sido el responsable de esa fallida e inexistente verificación.
No se puede negar que supieron usar su poder para cubrirse adecuadamente las espaldas y por ello viven tranquilos porque más allá de la inmunidad que da el Parlamento Centroamericano (que solo para eso sirve), tienen cubiertos todos los frentes posibles. Si ese mismo talento y dedicación se hubiera puesto para administrar la cosa pública, otra sería la situación de nuestro país que necesita poder invertir en la gente, facilitar el camino del honrado y generar las condiciones que permitan crear más y mejores oportunidades.
Derivado del juego de piezas que se pusieron para cuidar los intereses de la pareja Giammattei – Martínez y de la poca confianza que genera Álvaro González Ricci, hay quienes hablan ahora de un turbio trasfondo en el anuncio del Banco de Guatemala para una nueva emisión de billetes de 200 quetzales, atribuyéndose esa emisión a una maniobra para facilitar el lavado del dinero de los billetes que aún permanecen en caletas porque no han sido debidamente bancarizados. Argumentan que hay desaparición por esa denominación de billetes por la cantidad de efectivo que algunos conservan producto de tanto negocio tan sucio, ejemplificadas en las maletas del “inocente” Benito.
Y para ser debidamente lavados necesitan del apoyo y complacencia de una Intendencia de Verificación Especial que es especial solamente por el trato pactado para proteger a Giammattei y Martínez de cualquier señalamiento, sobre todo luego que el último fue sancionado por Estados Unidos y Europa y no puede mover libremente su inmensa fortuna.
Por todo ello, la SIB es clave, tanto como el rescate del MP y las Cortes, para cumplir el mandato de los electores.
