Desde el principio hemos dicho que la compra del sistema TREP, que facilitó la transmisión de datos preliminares del resultado electoral, tiene que ser correctamente auditada y, si hay anomalías, debe procederse conforme a la ley; ningún negocio público en el que haya la menor sospecha de oscuros intereses debe quedar sin la debida atención, por lo cual nos parece correcto que el juzgado que conoce el proceso, el Duodécimo Penal que preside la jueza Karen Chinchilla, haya ligado a proceso a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral.
También nos parece correcto que se hayan dictado medidas sustitutivas, pese a que el Ministerio Público pidió prisión preventiva, puesto que es obvio lo que persiguen, tomando en cuenta no solo que los magistrados se presentaron voluntariamente al juzgado, sino la notoria y manifiesta inquina del MP que, no por casualidad, se ha aferrado a ese caso con una entrega que ya quisiéramos ver en otros relacionados con la pareja presidencial del período pasado.
Cualquier duda que haya sobre la transparencia en la compra del Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares tiene que ser esclarecida conforme a derecho, cosa que es muy difícil en la Guatemala de hoy porque hemos visto el clarísimo doble rasero que hay en el sistema de justicia. Afortunadamente así como hay jueces que bailan al son que le toca cualquier Ángel, existen otros que resuelven de acuerdo al marco legal, aunque ya hemos visto que contra ellos se inician procesos simplemente porque no resolvieron siguiendo al pie de la letra las instrucciones de la fiscalía.
La compra del sistema TREP fue hecha mucho antes de que se alborotara el cotarro con el resultado de la primera vuelta que metió a Semilla en la contienda presidencial con la UNE de Sandra Torres. Durante todos esos meses transcurridos hasta junio del año pasado, el MP y su fiscalía de asuntos electorales o la fiscalía de la corrupción no movieron un dedo ni se inquietaron por la compra. Pero paralelamente a la activación del caso Semilla también quedaron en la mira los magistrados del TSE, porque el objetivo final era bajarse las elecciones a como diera lugar, tal y como lo pudimos comprobar todos los ciudadanos.
Esa falta de equidad es algo que preocupa porque han demostrado que mientras se hacen de la vista gorda ante casos muy sonados que involucran a la poderosa pareja Giammattei-Martínez, con lo que les interesa para mantener el reino de la impunidad no escatiman recurso. Y, repetimos, el colmo es que un juez que valorando pruebas resuelve conforme a derecho, pueda ser acusado y perseguido en el marco de ese trato selectivo que ha roto por completo el Estado de Derecho y el Sistema de Justicia.
