La Corte de Constitucionalidad (CC) emitió ayer un amparo que deja sin efecto la elección de la Junta Directiva del Congreso y obliga a realizar una nueva elección, todo a partir de la situación legal de Semilla tras la resolución del juez Orellana, basada en la Ley Contra el Crimen Organizado, que suspende la personería jurídica del partido. Preservó la CC, sin embargo, la juramentación y toma de posesión (retrasada maliciosamente) de Bernardo Arévalo y Karin Herrera como Presidente y Vicepresidenta de la República, lo cual es de vital importancia tras los embates sufridos por nuestra democracia.
Técnicamente, la personería de Semilla fue suspendida dentro del proceso iniciado, maliciosamente y con toda la mala fe del caso, en el marco de la Ley Contra el Crimen Organizado. Si hubo o no falsedad en la recolección de firmas de Semilla es algo que se debe investigar, como con todos los partidos porque la práctica es, tristemente, absolutamente común. Pero se debe juzgar con la legislación penal ordinaria, porque hay que recordar cuál fue la intención de los legisladores cuando se aprobó la Ley Contra el Crimen Organizado, que otorga más facultades a los jueces por el nivel de crimen que se tenía que castigar.
El Ministerio Público, tristemente, rompió el Estado de Derecho hace mucho tiempo, olvidándose de casos muy serios de corrupción para centrarse en la penalización de todos aquellos que ellos, desde sus propias cuentas anónimas en las rede sociales, identifican como sus enemigos. Y así como con los primeros se usa cualquier vericueto para no investigar o no impugnar las resoluciones que envían a operadores de la corrupción de vuelta a su casa, con los otros se recurre a mañoserías como la de recurrir a la Ley Contra el Crimen Organizado que, en el caso concreto de Semilla, facultaba al juez a decretar la suspensión provisional de la personería jurídica.
Esa facultad se estableció para impedir que mediante el uso de personas jurídicas afines, los miembros del crimen organizado pudieran mover dinero aun cuando ya estuvieran siendo investigados. Esa es la razón esencial para esa norma decretada por el Congreso en su momento, pero como pasa tantas veces, hecha la ley hecha la trampa, lo cual parece ser la inspiración de fiscales que deberían ser parte esencial del mantenimiento del Estado de Derecho.
En el tema de la elección de la directiva es un hecho que la misma se realizó en momentos de enorme tensión porque era obvio el plan para elegir a una diputada que entrampara la juramentación presidencial. Ello hizo incurrir en errores prácticos como elegir primero la directiva y luego revivir a Semilla. Pero lo crucial es señalar el abuso en la utilización de una ley hecha contra el crimen organizado para juzgar posibles falsedades en la conformación de un partido político.
Y por ello, que la CC resuelva con la mayor prontitud posible la inconstitucionalidad en caso concreto que presentaron abogados alegando el mal uso de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, se vuelve el escollo jurídico más importante para los próximos días y un aspecto vital para fortalecer el Estado de Derecho.
Y en el plano político, ojalá exista madurez para alcanzar acuerdos que permitan avanzar la institucionalidad y que aquellos negacionistas de las elecciones, soberanistas cuando les conviene y fieles defensores del sistema en su Estado actual, no se salgan con la suya porque es vital trabajar y acordar en función de lo que el país necesita y la gente demanda.
