Evidentemente los acuerdos que permitieron el sucio manejo de la ley se están rompiendo en las últimas horas del gobierno de Giammattei y lo confirma lo resuelto ayer por un juzgado respecto al proceso iniciado por el Ministerio Público (MP) contra varios periodistas, recurriendo abusivamente a la ley Contra la Delincuencia Organizada. Según el fallo, las sindicaciones contra periodistas y columnistas de elPeriódico tendrán que llevarse ante un Tribunal de Imprenta, respetando así lo que dispone la Constitución de la República y la Ley de Emisión de Pensamiento que tiene rango constitucional.
La mafia que se adueñó del sistema de justicia logró que varios tribunales, incluyendo altas cortes, se pasen por el arco del triunfo las precisas y claras normas de la Constitución y de la Ley de Emisión del Pensamiento, logrando perseguir y coartar la libre expresión. Varios periodistas salieron al exilio por acciones del Ministerio Público y por resoluciones arbitrarias de jueces que dispusieron aplicar leyes que nada tienen que ver con algo que está debida y claramente regulando por la principal ley del país. En otros casos, como contra La Hora, se ha recurrido maliciosamente a la Ley de Femicidio para acallar denuncias contra funcionarias por los manejos que hacen con los recursos públicos, contando con apoyo de las Salas de Apelaciones y la indiferencia de la CC.
Es muy fácil calificar como acciones de la delincuencia organizada o de violencia contra la mujer cualquier publicación para perseguir penalmente a los periodistas y con ello se aseguran impunidad. No hay amenazas ni coacciones cuando se realizan publicaciones en las que se formulan críticas contra funcionarios públicos poque la Constitución dice clara y categóricamente que “No constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos.”
Por supuesto que hubo jueces dispuestos a violentar ese precepto legal para cumplirle a la mafia que gobierna y de la que son parte muy importante, pero en estas horas finales, cuando empiezan a ver cómo toda persona con mínimos de sensatez está abandonando el sucio barco, queda en clara evidencia el abuso que se ha cometido para amañar proceso recurriendo a leyes que no tienen nada que ver con el ejercicio del derecho a la libre expresión. Una llamada de Rafael Curruchiche o Felipe Alejos era suficiente para que el sistema de justicia accionara ilegalmente.
La resolución de ayer del Juzgado Quinto, a cargo de Aurora Gutiérrez, es una lección respecto al valor y sentido de la Constitución y de la ley que regula el derecho a la libre emisión del pensamiento.
