Una de las características esenciales de la justicia es que se debe dar idéntico trato a todos los ciudadanos, sin preferencias ni sesgos de alguna naturaleza, lo que significa, de entrada, que las denuncias que se presentan ante el Ministerio Púbico (MP) deben tratarse en igualdad de condiciones, situación que no existe en el país según las evidencias. Está el caso de un denunciante que estuvo presente en la entrega de una alfombra rusa llena de dinero en la casa del mandatario guatemalteco y que fue no solo desestimada sino que aceleró la destitución del Fiscal que recibió la denuncia e inició una investigación.
En cambio, cuando otro denunciante, en este caso Giovanni Fratti, sin aportar prueba alguna, dice que se sospecha de la comisión de un fraude electoral, la reacción no solo es inmediata sino que coloca a todo el proceso electoral en el filo de una navaja porque es trasladada a un juez ad hoc que en una audiencia de 15 minutos, exclusivamente con el Ministerio Público, ordena que se proceda a la incautación de la documentación electoral. En el audio que se conoció sobre la diligencia que abrió la puerta al ataque furibundo contra el resultado electoral queda en evidencia que no hay ningún elemento probatorio del supuesto fraude.
Pero lo peor de todo es que esa documentación incautada por orden judicial, dejó de estar en la cadena de custodia que corresponde al Tribunal Supremo Electoral y, por lo tanto, pudo hacerse cualquier clase de manipulación o alteración de la misma, lo que sirve perfectamente a los planes de quienes quieren revertir el resultado de la elección. Insistimos en que creemos que es obligación del Estado investigar cualquier denuncia, pero tiene que hacerse sobre bases reales y de pruebas contundentes y no simples suposiciones, como ocurre en este caso.
Si con esa misma diligencia se hubiera actuado en los casos del Testigo A, de la alfombra rusa que fue llevada a la casa de Giammattei o muchos de los casos en los que se involucra a la pareja del presidente, Miguel Martínez, hace rato que se hubiera tenido que tramitar el antejuicio contra el gobernante y los procesos contra quienes han decidido jugar en la arena de la corrupción, no digamos ante la oscura y sucia negociación de las vacunas. Pero es evidente que en el Ministerio Público es mentira eso de que están para aplicar la ley siempre, pues se notan las preferencias y como lo que les interesa avanza a velocidad de rayo, mientras que los otros casos que pueden ser molestos se cierran y provocan acciones contra quienes investigan.
Cuando volvamos a escuchar a la Fiscal General hablando del apego a la ley debe recordarse esta triste comparación.
