La acción del Ministerio Público (MP) al solicitar el antejuicio contra el diputado Samuel Pérez por haber publicado un mensaje en redes sociales constituye un serio aviso de que ahora van contra la libre emisión del pensamiento y que cualquier publicación que se haga, relacionada con los acontecimientos que se viven en el marco del ataque a la democracia, será motivo de un castigo penal. La acción tiene precedentes en Centroamérica puesto que el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua acusó y logró condenar a opositores que publicaron críticas en Twitter, mismas que fueron calificadas, como aquí, como un riesgo para el Estado.
Más allá de la garantía constitucional que protege a los diputados respecto a sus opiniones, el artículo 35 de la misma Constitución garantiza a todos los ciudadanos, no solo periodistas ni comunicadores, el derecho a la libre emisión del pensamiento. Y aunque existe un artículo del Código Penal, el 390, que tipifica como delito propagar o fomentar doctrinas que tienden a destruir la organización política y social, decir de que existe una guerra por intereses contrapuestos no fomenta ni propaga doctrinas para destruir la organización política y social de un país.
Nuestra legislación nos remite al Diccionario de la Lengua Española para entender el sentido y significado de las palabras. Ese diccionario, además de definir la guerra como la ruptura de la paz entre dos o más potencias o la lucha armada entre dos o más naciones o entre bandos de una misma nación, también acepta el término como sinónimo de pugna, una lucha, aunque sea en sentido moral y la oposición de una cosa con otra. En otras palabras, el diccionario no refiere el concepto de guerra como alguna doctrina que tiendas a destruir la organización política y social de un país, en este caso Guatemala.
Pero el mensaje es clarísimo. Ahora van tras la libre expresión y si un juez como Roberto Molina Barreto mira más responsables a los medios que al MP por lo que pasa en Guatemala, es normal que salgan con acciones tipo Nicaragua. Podemos discrepar de la mayoría de opiniones del diputado, pero no se le puede limitar su derecho a expresarse.
¿Temían algunos que alguien nos pudiera convertir en otra Nicaragua o Venezuela? Las pruebas son contundentes en el sentido de que si en esos países reina la dictadura, nosotros estamos siguiendo al pie de la letra sus políticas para reprimir a los opositores y criminalizar cualquier expresión de crítica al sistema político.
Y como la Constitución dice lo que la CC afirma que dice, por ello fue tan importante controlar esa Corte que cada vez más está a prueba. ¿Será como la del 93 que mantuvo la democracia o se confirmarán como los magistrados que apoyaron el descarrilamiento de la democracia?
