En la foto, el presidente Alejandro Giammattei, la fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras y el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche.
En la foto, el presidente Alejandro Giammattei, la fiscal general del Ministerio Público, Consuelo Porras y el jefe de la FECI, Rafael Curruchiche. Diseño: Roberto Altán

Pese a ser evidente la abrumadora decisión del pueblo de terminar con el sistema corrupto que desde hace tantos años se viene conformando, pero que terminó de asentarse durante este gobierno con el control pleno de todas las instituciones públicas, las protestas y el malestar no han tenido resultado porque, quiérase o no, hay que reconocer que esa enorme aplanadora funciona a favor de los creadores y beneficiarios del modelo. Ello nos debe obligar a buscar nuevas opciones para realizar acuerdos más amplios que no se vean debilitados por desencuentros en cuanto a las formas que cada sector considera adecuadas para defender la democracia.

Hay que empezar por encontrar cuál es el problema de fondo y eso nos lleva a centrarnos en el tema de la defensa de la soberanía del pueblo expresada mediante el sufragio. Es cierto que del Ministerio Público salen las acciones para revertir ese resultado electoral, pero es un grave error suponer que es una acción que se ejecuta por iniciativa y bajo la dirección única y exclusiva de Consuelo Porras y Curruchiche. Ellos son los operadores del sistema pero, al fin de cuentas, acatan instrucciones y las ejecutan, por lo que no se debe centrar toda la acción ciudadana en lograr su remoción porque, aún con ellos fuera, el plan no se detiene.

Vemos que la falta de acuerdos y, más que eso, la existencia de desacuerdos entre los sectores que pretenden defender la democracia se mantiene en muchos sentidos y eso es lo que más les conviene a los que verdaderamente están dirigiendo todo el movimiento de defensa de esa que hemos llamado Dictadura de la Corrupción. Y disponen de todo lo que necesitan, porque no se crea que es el Ministerio Público su única pieza, puesto que sin el concurso del sistema de justicia, desde la Corte de Constitucionalidad a los jueces alineados, pasando por la CSJ, no podrían tener al país en la situación a la que lo han llevado.
Hacer un breve alto en el camino para ver el panorama completo puede ser un buen punto de partida entre los sectores que buscan acuerdos para determinar dónde está el mero centro del problema que amenaza a la democracia. Si la conclusión termina siendo que todo ha sido obra de una Consuelo Porras actuando por sus pistolas, pues sería lógico centrarse en el tema de su renuncia; pero si la conclusión termina siendo, como creemos nosotros, que ella es un instrumento de autoridades mayores, es urgente revisar las estrategias para viabilizar los acuerdos que el país ahora necesita con urgencia.

Una crisis estancada

Pese a ser evidente la abrumadora decisión del pueblo de terminar con el sistema corrupto que desde hace tantos años se viene conformando, pero que terminó de asentarse durante este gobierno con el control pleno de todas las instituciones públicas, las protestas y el malestar no han tenido resultado porque, quiérase o no, hay que reconocer que esa enorme aplanadora funciona a favor de los creadores y beneficiarios del modelo. Ello nos debe obligar a buscar nuevas opciones para realizar acuerdos más amplios que no se vean debilitados por desencuentros en cuanto a las formas que cada sector considera adecuadas para defender la democracia.

Hay que empezar por encontrar cuál es el problema de fondo y eso nos lleva a centrarnos en el tema de la defensa de la soberanía del pueblo expresada mediante el sufragio. Es cierto que del Ministerio Público salen las acciones para revertir ese resultado electoral, pero es un grave error suponer que es una acción que se ejecuta por iniciativa y bajo la dirección única y exclusiva de Consuelo Porras y Curruchiche. Ellos son los operadores del sistema pero, al fin de cuentas, acatan instrucciones y las ejecutan, por lo que no se debe centrar toda la acción ciudadana en lograr su remoción porque, aún con ellos fuera, el plan no se detiene.

Vemos que la falta de acuerdos y, más que eso, la existencia de desacuerdos entre los sectores que pretenden defender la democracia se mantiene en muchos sentidos y eso es lo que más les conviene a los que verdaderamente están dirigiendo todo el movimiento de defensa de esa que hemos llamado Dictadura de la Corrupción. Y disponen de todo lo que necesitan, porque no se crea que es el Ministerio Público su única pieza, puesto que sin el concurso del sistema de justicia, desde la Corte de Constitucionalidad a los jueces alineados, pasando por la CSJ, no podrían tener al país en la situación a la que lo han llevado.
Hacer un breve alto en el camino para ver el panorama completo puede ser un buen punto de partida entre los sectores que buscan acuerdos para determinar dónde está el mero centro del problema que amenaza a la democracia. Si la conclusión termina siendo que todo ha sido obra de una Consuelo Porras actuando por sus pistolas, pues sería lógico centrarse en el tema de su renuncia; pero si la conclusión termina siendo, como creemos nosotros, que ella es un instrumento de autoridades mayores, es urgente revisar las estrategias para viabilizar los acuerdos que el país ahora necesita con urgencia.

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