El terrorismo es la dominación que se ejerce sobre la base del terror mediante la sucesión de actos que pretenden provocar miedo extremo entre la gente para someterla a alguna clase de dominio. El terrorismo no lo producen únicamente los criminales o extremistas, sino también la misma autoridad si, mediante ese miedo extremo, logran subyugar a los ciudadanos. Por ello hay que llamar a las cosas por su nombre y lo que se está haciendo desde los entes a cargo de la investigación criminal, al emprender acciones contra los digitadores del proceso electoral y quienes conformaron las Juntas Electorales de los distritos más poblados es, absolutamente, terrorismo judicial.
Viendo el sesgo que tiene nuestra justicia, que se evidencia no solo en a quienes se persigue sino también en aquellos que son beneficiados con el cierre de procesos de corrupción, es obvio que si se plantea como siguiente paso de la estrategia electoral el acoso a los digitadores que se encargan de alimentar los sistemas con los datos que envían las Juntas Receptoras de Votos, hay en el fondo la evidente intención de que nadie quiera ser digitador el 20 de agosto.
Y es que se pretende, al actuar de manera tan burda, que nadie quiera hacerse cargo de la digitación de resultados, lo que haría fracasar todo el proceso, aún y cuando se realicen las elecciones. También se acosa a las Juntas Electorales porque es un claro mensaje, tanto para ellos como para quienes puedan sustituir a los que renuncien y, de paso, a los que integran las Juntas Receptoras de Votos.
Sabiendo la forma en que opera el sistema de justicia y los fines que persigue, tan divorciados del absoluto Estado de derecho, no hay que ser un genio para entender lo que realmente persiguen, quienes desde el mismo 25 de junio hicieron ver que harán todo lo que esté en sus manos para impedir una segunda vuelta en la que tienen gran miedo a la reacción de la ciudadanía.
Hay en marcha una serie de tramas que tienen la finalidad de impedir que se imponga la voluntad popular. Desde un incremento a las maniobras fraudulentas, basadas en el uso de los recursos públicos para comprar alcaldes que muevan a su gente para que voten por el oficialismo, hasta la componenda con sectores sociales y religiosos que apañan la corrupción.
La fecha de la elección se acerca, pero cada día se ve más remota la posibilidad de que sea respetada una voluntad popular que se manifestó contra los vicios que han hecho tanto estrago en el país.
