Todos en Guatemala hemos sido testigos del acoso que está realizando el Ministerio Público para obstruir el proceso electoral mediante la eliminación de Semilla, cuya incursión en segunda vuelta no solo sorprendió sino, evidentemente creó enormes resquemores. Y el Ministerio Público no actúa solo sino lo hace de la mano de agentes de la Policía Nacional Civil que han participado en los allanamientos tan peculiares ejecutados tanto en el mismo TSE como en la sede del partido en cuestión, de forma más que prepotente y con los participantes encapuchados para no ser identificados.
Por ser tan público el acoso y tan notorios los fines de esas acciones, llama la atención que el gobierno hable de sorpresa por la solicitud preventiva realizada por el Tribunal Supremo Electoral para evitar que se produzca lo que todos vemos venir, es decir el manotazo contra el proceso electoral que vendría a ser, ni más ni menos, otro Serranazo. El gobierno formalmente no puede interferir en las labores del Ministerio Público pero, por supuesto, pueden existir vasos comunicantes que se vuelven más ágiles a partir de la decisión del mismo Giammattei de reelegir a Consuelo Porras para dirigir la institución a cargo de la investigación penal.
El país está en una peligrosa situación porque, tal y como lo ve la opinión pública nacional e internacional, se está concretando un golpe a la democracia mediante acciones que tienen la finalidad obvia de querer revertir un resultado electoral que no vieron venir y que les ha causado enorme preocupación. El caso de Semilla y sus libros de afiliación no es algo que surgiera en 26 de junio de este año sino se trata de cuestiones que se han conocido en el MP desde hace muchos meses y, es más, el mismo partido presentó acciones que no produjeron ningún resultado, precisamente en el tema de las afiliaciones.
Pero el segundo lugar del candidato Bernardo Arévalo encendió tantas alarmas, por ser crítico del sistema, que hemos ido viendo la forma en que el MP y un juez ad hoc proceden para lograr la cancelación del partido a fin de evitarle la participación en segunda vuelta, no obstante que claramente la Ley Electoral, de rango constitucional, dice que en pleno proceso electoral no se puede cancelar a ningún partido político.
Hoy la CC estará conociendo el recurso presentado por el Tribunal Supremo Electoral y los ojos de la ciudadanía y del mundo estarán pendientes de lo que se pueda resolver respecto a un Amparo que tiene carácter preventivo porque es para evitar que se concrete “la amenaza cierta, futura e inminente” del manotazo.
