Históricamente los Golpes de Estado se dan, generalmente, mediante un cuartelazo lo cual significa que son los ejércitos los que se utilizan para romper el orden constitucional y eliminar toda forma de democracia. En Guatemala estamos a punto de que ocurra un Golpe de Estado, recurriendo no a las fuerzas armadas sino a los tribunales espuriamente designados o que han prolongado sus funciones gracias a una componenda con diputados para asegurarles impunidad. No se estará recurriendo, de momento, al uso de la fuerza aunque no se puede descartar ese extremo si la reacción ciudadana se vuelve peligrosa para quienes quieren preservar un sistema podrido.
La Constitución y la Ley de la materia no contemplan el recuento de votos como lo ha planteado la CC espuria y la CSJ cuyo mandato terminó hace ya casi cuatro años. Y es que en la medida en que se impida la realización de una segunda vuelta electoral o se causen retrasos infundados, podemos imaginar que el mismo precedente que hay ante la no elección de magistrados de Salas y de la Corte Suprema se esgrima para que Giammattei pueda, a su vez, prolongar sus funciones pese al claro y categórico mandato constitucional.
Guatemala vive momentos críticos y los ciudadanos tenemos que estar atentos porque es obvio que los corruptos seguirán metiendo amparos a sabiendas de que las Cortes están de su lado y persiguen el mismo objetivo de impedir una elección que pueda significar el triunfo de alguien que no esté alineado. De alguien que no haya pactado con Giammattei y Martínez, éste último jugando un papel muy importante, no solo por su influencia en la CC, sino inclusive por si hace falta un cuartelazo, porque hasta su aliado Méndez Ruiz lo denunció por meter las manos en los mandos militares para impedir el relevo del su Jefe de Estado Mayor del Ejército.
El orden constitucional puede ser roto no sólo mediante la fuerza sino mediante la mañosa actitud de tribunales que, al margen de lo dispuesto en la normativa legal, resuelven sin fundamento con la única intención de impedir que se puedan realizar libremente las elecciones en segunda vuelta. Y, por supuesto, no disponemos tampoco de un Ministerio Público que proceda contra quienes están burdamente fraguando un manotazo que quieren revestir con apariencia de legalidad, patraña que nadie se traga.
Tristemente hay que advertir que se vienen horas difíciles que pueden ser amargas para el futuro del país por el empecinamiento de quienes no quieren reconocer la importancia de la expresión ciudadana el día 25 de junio.
