Al solicitar las penas aplicables a José Rubén Zamora, la fiscal dejó ver que realmente no van contra el empresario, como dijo Rafael Curruchiche, sino contra el periodista, puesto que pidió “las penas máximas aplicables” por los comentarios que hizo Zamora tanto sobre el mismo Curruchiche como la Fiscal General Consuelo Porras. La acusación de lavado de dinero, por 300,000 quetzales, cuyo origen se dijo inicialmente que era de una donación que pretendía quedar anónima y luego se habló de la venta de un cuadro, más el resto de señalamientos mantendrían a Zamora nada más y nada menos que 40 años preso, pero esa máxima pena la justifica la fiscal del caso por los “ofensivos comentarios” sobre los dos funcionarios del MP.
Por enésima vez reproducimos lo que dice la Constitución en su artículo 35 al respecto: “No constituyen delito o falta las publicaciones que contengan denuncias, críticas o imputaciones contra funcionarios o empleados públicos por actos efectuados en el ejercicio de sus cargos.” En otras palabras tanto derecho tiene una persona de ir a tomar vino con un funcionario durante muchos años, como a formularle críticas bajo el amparo del mandato constitucional. Zamora explicó que durante varios meses se reunió periódicamente con Consuelo Porras y es sabido que durante ese tiempo algunos columnistas del diario vieron limitado su derecho a criticarla, pero cuando eso cambió, a él se le vino el chaparrón.
Llama la atención cómo, por el peculiar detalle de la molestia de Porras y Curruchiche, el ente investigador solicita una pena que no se ha impuesto ni siquiera a quienes se les comprobó que robaron millones o que lavaron cantidades inmensas. Basta el contraste al ver cómo van recuperando su libertad quienes robaron millonarias sumas, con el casi un año de encierro que ya lleva Zamora.
Recordemos que Curruchiche dijo de manera categórica que a Zamora se le procesó por su rol de empresario y no por el de periodista, pero llama la atención el viraje cuando, por sus opiniones “ofensivas” contra ambos funcionarios (sujetos constitucionalmente a ser denunciados, criticados o imputados), se pide la aplicación de la máxima pena aplicable para todos los cargos que le fueron formulados.
Creemos firmemente que nadie está por encima de la ley y que los periodistas no somos excepción y salvo las garantías que otorga la Constitución relacionadas específicamente con la libre expresión, debemos enmarcar nuestros actos en el marco legal. Pero el mismo MP dejó ver sus represivas intenciones a la libertad de expresión al requerir que, por el ejercicio de ese derecho, se eleve al máximo la pena.
