Uno de los negocios más grandes durante el gobierno de Otto Pérez Molina fue el arreglo que hizo con el español Pérez Maura para la instalación en el país de una gran Terminal de Contenedores; fue tan burdo el caso que hasta en España ha sido juzgado el soborno pagado al Presidente de Guatemala para que, con los directivos y ejecutivos de Puerto Quetzal, hicieran todo el entramado para hacer realidad un arreglo que no cumplía con la ley.
La Hora criticó frontalmente el papel de la CICIG al apañar el negocio cuando apareció como heredera del ilegal acuerdo la empresa APM Terminals, tras haber comprado a Terminal de Contenedores de Barcelona los derechos (mal habidos) que permitieron la operación de Terminal de Contenedores Quetzal. El negocio era públicamente conocido, que no cumplió con lo que manda la ley, y eso ponía a los nuevos dueños, parte de la naviera Maersk, en complicada posición aún y cuando dijeran que habían comprado de buena fe. Una operación de ese calibre y por tantos millones no se hace sin el correspondiente “due diligence” o debida diligencia, consistente en obtener toda la información necesaria que se valida, analiza y estudia para realizar una compra, de acuerdo a parámetros correctos que muestren la situación real de la empresa. La notoriedad que era una concesión disfrazada de usufructo era ya, para ese entonces, un hecho público.
El caso es que en Guatemala, solo pendiente de una aclaración y ampliación, se declaró ya legalmente nulo el negocio y APM Terminals Quetzal, nuevo nombre de la Terminal de Contenedores Quetzal, no podrá seguir operando con base en el origen, sin sustento legal, de un negocio que hicieron con Otto Pérez. Pero, ¡Oh sorpresa!, la gente de Puerto Quetzal hoy está ya negociando, en secreto, de nuevo sin ninguna transparencia y según dijo el gerente, van encaminados a un arreglo que respete los derechos de los propietarios.
El puerto, como toda la infraestructura del país, se tiene que abordar con la seriedad, transparencia y legalidad necesaria porque estamos hablando de obras fundamentales para la economía, la inversión y fomentar un verdadero Estado de Derecho en Guatemala.
Para empezar, esos derechos son tan nulos como el negocio que legalmente fue declarado. No hay derechos que proteger porque surgieron de un soborno, de un acto ilegal que ya fue anulado judicialmente, pero los dirigentes de APM Quetzal ya dijeron que, si no son ellos, nadie puede operar la terminal de contenedores y que el país perdería al no poder procesar todos los que envíen con las características que ellos pueden atender.
Claro está que hay inversiones realizadas que se deben abordar y buscar soluciones al respecto, pero no puede darse en secreto. Si se invitara a grandes empresas, con estándares de transparencia, otro gallo cantara, pero se han optado por pequeñas entidades (según dijo el representante de APM) que no tienen capacidad de operar el puerto.
Todo lo que se haga con APM Terminals Quetzal tiene que ser absolutamente transparente. Se sabe que, así como con la alfombra ya célebre, hay gente muy próxima al gran poder que está dirigiendo la negociación y, por supuesto, no será de gratis que se llegue a un entendido. Si Pérez Maura puso 30 millones de dólares bajo la mesa, sería de ingenuos pensar que ahora todo será de gratis.
El secreto de la operación enciende las alarmas.
