Hay que empezar diciendo que la negociación que dio origen a la Terminal de Contenedores Quetzal se llevó a cabo con todo sigilo para encubrir el soborno que Pérez Maura entregó a Pérez Molina para asegurar que fuera aprobada una negociación en la que se llegó a la simulación de figuras jurídicas para evadir los controles.
Ya en manos de la empresa holandesa que adquirió los derechos mal habidos, se sabe que hay una negociación con el gobierno de Giammattei para traspasar a Guatemala la propiedad de la terminal, pero la misma se realiza en completo secreto, como ocurrió desde el origen de este muy sucio y cuestionado negocio, en especial porque el país necesita infraestructura de primer nivel si queremos dar saltos de calidad y sostenibles.
Una terminal de contenedores como esa es importante para Guatemala y nadie puede negar el impacto que esa operación, manejada de forma poco transparente, ha tenido en nuestro sistema portuario; pero eso no implica que las autoridades deban realizar negociaciones oscuras con quienes llegaron a adquirir esos derechos que tuvieron un pecado original.
La empresa holandesa tiene que haber realizado las investigaciones necesarias antes de realizar tan millonaria compra a Terminal de Contenedores de Barcelona, por lo que no puede alegar ignorancia de las condiciones en que se produjo la transacción entre los dos Pérez que, además, ya en España había sido judicializada.
Es fundamental que toda la negociación, que según conocedores ya se está realizando, sea hecha con total publicidad y transparencia porque resultaría inadmisible para el país otro procedimiento viciado como el que se dio en tiempos del Partido Patriota y que fue debidamente investigado y llevado a los tribunales en España.
Es necesario hacer un proceso público y transparente porque si el bien llega a quedar en manos del Estado, ya sabemos que uno de los focos de corrupción, impunidad y hasta crimen organizado, se da en los puertos del país.
Ahora, cuando se habla de una posible compra de todos los activos y de la operación, nuevamente vemos otra vez esa tendencia a ocultarlo todo, lo que facilita tanto que los vicios que siempre nos afectan y ahora amenazan también la competitividad, surjan de nuevo con toda su fuerza.
El gobierno tiene la obligación de ser transparente en éste y en cualquier otro negocio; es necesario que oficialmente se explique qué se está haciendo y cómo se está haciendo. La excusa de que el Puerto Quetzal es la entidad que negocia no sirve para dar vuelta a la página y asegurar la opacidad de la operación.
Necesitamos inversionistas de primer nivel que entren en procesos transparentes.
