El tema de la seguridad de los guatemaltecos está siendo objeto de mayor atención. Foto La Hora/Archivo

El tema de la seguridad de los guatemaltecos está siendo objeto de mayor atención en los últimos días, luego de varios asaltos violentos realizados en áreas residenciales, poniendo así sobre el tapete una situación que desde hace buen tiempo viene afectando a toda la población y que es uno más entre los factores que generan la corriente migratoria hacia Estados Unidos. Pero ahora se está confirmando algo que hemos dicho desde hace tiempo, en el sentido de que las fallas del sistema de justicia y la promoción de la impunidad terminan estimulando a los criminales, quienes sienten que pueden actuar a sus anchas.

Ayer se supo de investigaciones de la PNC respecto a la banda que desde los barrancos ingresa a residencias para robar violentamente y violar a las mujeres, pero al mismo tiempo se conoció que esas investigaciones se han visto entorpecidas porque el juzgado que debió autorizar allanamientos o hasta capturas, no ha avanzado con el caso. Intentos de nuestros periodistas por hablar con el juez fueron infructuosos a pesar de que se informó al secretario del tribunal sobre el tema que pretendíamos tratar con el juzgador.

El caso es importante porque desde hace mucho tiempo se viene señalando la perversión del sistema de justicia, derivada no solo de la forma en que se integraron la Corte Suprema y las Salas de Apelaciones, sino de la prórroga absolutamente ilegal del mandato de dichos magistrados con el único fin de afianzar el régimen de impunidad. Y es natural que para el logro de sus fines requieren también de jueces de instancia que estén comprometidos con ese papel tan especial, situación que al principio se puede asociar especialmente con casos de corrupción, pero que con el tiempo se extiende a todos los ámbitos.

La perversión del Estado de Derecho es algo que tarde o temprano nos iba a pasar factura a todos los ciudadanos y lo estamos viendo, no solo con la forma abrupta en que se cierran los casos de corrupción y se deja libres a todos los que fueron en su momento sindicados del saqueo del erario, sino también con casos relacionados con otro tipo de crímenes. Y los delincuentes, en general, se sienten a sus anchas porque saben que pueden gozar de la protección de un Ministerio Público ineficiente, comprometido con su causa de vengarse de los enemigos de la corrupción, y de jueces que se sienten muy tranquilos entrampando casos.

Recomponer el sistema nos tomará años, si algún día empezamos, y los ciudadanos tenemos que pagar los platos rotos.

Redacción La Hora

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