La lucha contra la libertad de expresión es ancestral y gobiernos de todo tipo han pretendido suprimirla para evitar críticas y señalamientos que puedan afectarles. Vale la pena recordar literalmente el texto constitucional contenido en el artículo 35 de nuestra Carta Magna en el que se establece, sin tapujos, que “es libre la emisión del pensamiento por cualesquiera medios de difusión, sin censura ni licencia previa. Este derecho constitucional no podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna”. En la actualidad, con la cooptación de todo el Sistema de Justicia para ponerlo al servicio de la impunidad, esos intentos arrecian y se pretenden enmarcar en “procesos legales” que tienen la finalidad de silenciar todo vestigio de crítica ante la situación que se vive en el país.
No podrá ser restringido por ley o disposición gubernamental alguna, lo cual incluye desde luego la torcida aplicación de leyes que tienen otras finalidades, como la de proteger a personas de cuestiones tan puntuales como la violencia intrafamiliar, para imponer la censura que limita el ejercicio de la libre emisión del pensamiento. Sabemos y pregonamos que no hay derecho sin contrapartidas que generen obligaciones y el de libre emisión del pensamiento obliga a no difundir falsedades o incurrir en delitos, pero nuestra misma legislación establece categóricamente que no constituyen delito o falta los señalamientos que se hagan contra funcionarios públicos (de cualquier sexo, por supuesto), en temas relacionados con el ejercicio de sus cargos.
Sostenemos que vivimos ya en una dictadura que no es unipersonal sino que responde a intereses de un poderoso sector que tiene el control absoluto de las instituciones nacionales. En ese contexto el tema de la elección del próximo año lo vemos como un simple requisito formal que será llenado por una convocatoria que haga el Tribunal Supremo Electoral para un proceso viciado en el que lo menos importante es el voto popular. Y como los medios están ya advirtiendo de nuestra grave semejanza con Nicaragua y Venezuela, se convierte en una obsesión para quienes han diseñado afanosamente ese absoluto control de todo el aparato del Estado para que sirva a los intereses de la corrupción.
El referido artículo de la Constitución es absolutamente categórico y no da lugar a excepciones ni interpretaciones. Se trata de garantizar el derecho de la población a estar informada, lo cual constituye un elemento esencial de la democracia porque sólo con información real se pueden tomar decisiones. Pero como aquí se clavó ya un puñal a la democracia, la libre expresión se trata como una intolerable afrenta.
