Hemos venido señalando cómo la debilidad institucional del Estado y el comportamiento ciudadano en el marco de un régimen de impunidad nos ha llevado a una profunda anarquía que ayer quedó en evidencia cuando, ante la pasividad de las fuerzas policiales que no actuaron ni cuando en horas de la mañana los manifestantes armados con machetes agredieron y amedrentaron a los médicos y salubristas que habían llegado al Congreso, se produjo el sitio y asalto del Palacio Legislativo.
La acción era previsible porque habían advertido que siendo ex soldados estaban preparados para usar la fuerza y lo dijeron en forma por demás gráfica. Pero son una fuerza alentada por los mismos políticos que tienen al país de rodillas y acaso por eso, y por miedo, la PNC se mantuvo alejada del lugar de los hechos hasta que ya había ocurrido el ataque violento que dejó personas heridas y bienes destruidos.
Los ex militares amenazan ahora con usar a sus kaibiles para incrementar la presión mediante el uso de la fuerza. Se acabó la protesta pacífica, dicen, y ahora reclamarán la absurda e imposible indemnización por la vía violenta, llevando al país a un caos mayor que el que ya se venía sufriendo por efecto de lo que hacen y dejan de hacer los dirigentes nacionales.
Los ex militares fueron utilizados políticamente y se les alentó para que fueran una fuerza de choque y finalmente se salieron de control, como era de prever, porque era imposible cumplir con el ofrecimiento irresponsable que hicieron, entre otros, el mismo Giammattei quien se comprometió con ellos, como hizo Trump con los atacantes del Capitolio, de encabezar las manifestaciones que hicieran para reclamar el pago exigido. Por supuesto que Giammattei, al igual que Trump, no cumplió su promesa, como no ha cumplido ninguna de las que hizo en campaña, pero estimuló a esas organizaciones que ayer nos sólo pasaron al ataque, sino que advirtieron que pondrán al país en llamas en cualquier momento a partir de ahora.
¿Y quién puede garantizar el orden y los derechos de los ciudadanos? No hay una Policía dispuesta ni existen tribunales independientes que hagan valer el derecho. La ley de la selva es el producto del ataque sistemático a las instituciones en busca de esa burda impunidad y tendremos que empezar a pagarlas las consecuencias.
